Archivos del día 20 agosto 2012

Carta de las Madres de Mayo a la presidenta Dilma V. Rousseff

20 ago 2012 Notas semanales

San Pablo, Brasil, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, Internacionales

Fuente: El club de la Pluma

Las Madres de Mayo dirigieron esta carta a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para que atienda sus responsabilidades y las peticiones que se le han hecho para lograr justicia en el caso de sus hijos, asesinados en 2006 por fuerzas del Esatdo, y se prevengan hechos de este tipo.

 

 

 

 

 

MADRES DE MAYO

 

 

 

 

 

Por una Política Nacional para los familiares y amigos de víctimas del Estado democrático

 

Estado de Sao Paulo, 23 de julio del 2012

“Para quien vive en la guerra, la paz nunca existió”

Racionais MCs

Estimada señora presidenta Dilma Vana Rousseff:

Escribimos desde aquí, del interior de una guerra. Escribimos en este momento en medio de una nueva ola de violencia policiaca en el estado de Sao Paulo, que ya ha asesinado a cerca de 200 personas en estos últimos dos meses, sobre todo a jóvenes pobres y negros pobladores de las periferias, haciéndonos revivir los crímenes de mayo del 2006.

Escribimos bajo esta situación de insoportable presión y tensión sin límites; además de como ciudadanos paulistas, como ciudadanas y ciudadanos brasileños que tenemos el derecho de recurrir a la presidencia cuando los agentes e instancias estatales insisten en mostrase sordas y mudas frente a nuestro clamor por la vida. Y continúan cometiendo barbaridades contra su propia población. Contra nosotros.

No es la primera vez que recurrimos a la presidencia de la república, aunque jamás hemos recibido respuesta alguna. Sucede que no podemos esperar más, pues estamos tratando sobre miles de vidas que se han ido; de cientos de vidas que podrían haber sido salvadas si algunas de las siguientes medidas se hubieran llevado a cabo y muchas más podrían ser salvadas todavía si se toman algunas acciones de inmediato. Sin más después de todo la señora presidenta fue también víctima del Estado y entiende bien cuando hablamos de presión limite y urgencia, de modo que enlistamos abajo algunos de las medidas de emergencia que nos gustaría explicarles personalmente a la presidenta y los señores de la presidencia, así como verlos salir del papel inmediatamente:

1. Pedimos, como una emergencia, el acompañamiento político y jurídico por parte de la esfera federal (Presidencia, Ministerio de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría Nacional de Justicia, Fiscalía Federal, Defensoría Pública Federal y Consejo Nacional de Justicia) a la actual crisis de seguridad pública en el Estado de Sao Paulo, en la que han muerto más de 200 personas a lo largo de los últimos dos meses. Todas las principales esferas ejecutivas y jurídicas del estado de Sao Paulo han demostrado, desde los crímenes de mayo del 2006, su incapacidad para resolver crisis de seguridad pública como ésta del 2012, como ya ocurrió en abril del 2010 y mayo del 2006, entre otros momentos;

2. Queremos una opinión final de la presidencia de la república acerca del pedido del desplazamiento de competencia, la federalización de las investigaciones de los crímenes de mayo del 2006, pedida por nuestro movimiento desde hace más de dos años (en mayo del 2010). En el momento de los crímenes de mayo del 2006, ocurrieron más de 500 muertes en el corto período de una semana – más personas asesinadas que los ya terribles números de muertos y desaparecidos en los más de veinte años de dictadura civil-militar brasileña-. Sin embargo, prácticamente TODOS los casos del 2006 siguen archivados. Necesitamos saber cuál fue el resultado efectivo – si hubo alguno- de la Comisión Especial “Crímenes de Mayo”, creada por el ex ministro de los Derechos Humanos Paulo Vannuchi, dentro del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH), comisión que, pasados casi dos años de trabajo, no nos ha dado todavía ninguna opinión detallada;

3. Queremos también un camino efectivo dirigido a revocar definitivamente los expedientes de “resistencia seguida de muerte”, “auto de resistencia” y afines en todo el país – esta verdadera “autorización para matar” inconstitucional utilizada por policías asesinos en todo el país-. Como ya estaba previsto en el Programa Nacional de Derechos Humanos 3 (PNDH-3), es necesario que se revoque urgentemente el artículo 329 del Código Penal y se mejore profundamente su artículo 292. Como la de cualquier otro ciudadano brasileño, la investigación de todas las muertes violentas provocadas por agentes del Estado debe ser tratada como casos de homicidios (dolosos y/o culposos);

4. Es necesario crear urgentemente una política nacional dirigida a los familiares de víctimas de la violencia del Estado. Una política que apunte pautas de amparo, protección, asistencia psicosocial, reparación (material y psíquica) e indemnización a todos los familiares directos, todos ellos víctimas colaterales y conexas de la violencia de Estado;

5. Pedimos que el CNJ acompañe, junto con la Defensoría Pública, los casos de muertes violentas relacionadas a los períodos de los crímenes de mayo del 2006; los crímenes del abril del 2010; la masacre de MCs en la Bajada Santista y los crímenes de junio y julio de 2012, en el estado de Sao Paulo;

6. Más allá de la situación en Sao Paulo, es necesario y urgente la validación y el fortalecimiento de todas las Defensorías Públicas Estatales – sobre todo en el caso del estado de Santa Catarina, así como el fortalecimiento y mayor actuación de la Defensoría Pública Federal;

7. Que sean juzgados y castigados también los oficiales superiores, superiores jerárquicos, autoridades de seguridad pública y del sistema carcelario, responsables por de los de Estado que cometen abusos, torturas y ejecuciones sumarias;

8. Es necesaria la validación real del control externo de la actividad policial por la Fiscalía Pública (FP) y por las fiscalías policiales externas con efectiva participación y control de la misma población, así como el control externo de la policía y de la FP por organismos de la sociedad civil;

9. Ampliación de espacios efectivamente democráticos y populares con poder deliberativo para aumentar el acompañamiento, fiscalización, transparencia y control por parte de la sociedad en relación a la actuación de la Fiscalía Pública y los jueces;

10. Revisión de los criterios de divulgación e información para la formación de un Jurado Popular, que represente efectivamente a la sociedad (conformada en su mayoría por mujeres, pobres y personas no blancas) y que sea correctamente informado y motivado;

11. Contra la prohibición de que familiares y amigos de las víctimas comparezcan con ropa que tenga símbolos y fotos en las sesiones de los juicios de agentes de Estado, pues significa una violación de los derechos humanos;

12. Contra las decisiones judiciales que conceden libertad a agentes de Estado, acusados de violaciones de derechos humanos, pues su liberación significa una amenaza o intimidaciones a familiares, testigos, movimientos sociales y defensores de los derechos humanos;

13. Contra las decisiones judiciales de postergación de juicios de agentes de Estado acusados de violaciones de derechos por pretextos dudosos como problemas de salud por parte de los abogados de los presos;

14. Requerimos también a la presidencia de la república y al ministerio de justicia que den los primeros pasos para la creación de una Comisión de Memoria, Verdad y Justicia para las víctimas de agentes de Estado durante el período democrático.

En este país, en lo últimos años, han sido asesinadas cerca de 48 mil personas anualmente, según estudios recientes publicados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), divulgados por el propio Ministerio de Justicia brasileño.

Parte de estas muertes y desapariciones han sido cometidas por agentes de Estado –cuyo deber debería ser garantizar el derecho a la vida y a la libertad de ir y venir en paz– en cumplimiento de sus deberes.

Es necesario que se avance en al derecho a la memoria, verdad y justicia de las víctimas del período democrático (también conforme a las recomendaciones del PNDH-3);

15. Exigimos también la creación de una comisión de amnistía para los detenidos, perseguidos, muertos y desaparecidos políticos por agentes del Estado durante el período democrático, como lo que fue instituido en el ámbito del Ministerio de Justicia en relación a los familiares y víctimas de la dictadura civil militar. Es necesario que se avance en el mismo sentido en cuanto a los detenidos, perseguidos, muertos y desaparecidos políticos de la democracia. Además de las tasas de homicidio, tal altas como las de los países en guerra, tenemos actualmente en Brasil más de 500 mil personas detenidas según el Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN). Hay aún innumerables personas perseguidas por cuestiones políticas, amenazadas de muerte o desaparecidas. El Estado necesita asegurar el derecho a la verdad y a la justicia para todos estos ciudadanos y sus familiares.

Hoy, 23 de julio del 2012, se cumplen exactamente 19 años desde la cacería de Candelaria, una cobardía cometida en contra de niños y adolescentes que estaban dormidos en la calle, frente a una las principales iglesias del centro de la ciudad de Río de Janeiro.

También hoy, nuestro querido Paulo Alexandre Gomes, uno de los desaparecidos políticos de los crímenes de mayo del 2006 estaría cumpliendo 30 años de vida, la cual le fue arrebatada violentamente por agentes de la ROTA cuando tenía sólo 23 años. Hoy, en medio de una nueva ola de violencia policiaca y la actuación de exterminadores, exigimos estas medidas urgentes a la presidencia de la república. A los niños muertos en Candelaria y al joven Paulo Alexandre les dedicamos nuestra actitud de lucha por la verdad y por la justicia.

No se trata de pedir un favor, sino que de una exigencia de respeto a los derechos humanos fundamentales que tenemos como ciudadanos y ciudadanas brasileñas, como usted, señora presidenta, o como cualquier otra persona nacida en estas tierras. Derechos a la vida y la mínima libertad de ir y venir con seguridad, sin el peligro de arriesgarnos a una muerte causada por agentes de Estado, que simplemente nos juzgan por nuestro origen, clase social o color de piel.

Es necesario tomar actitudes concretas y urgentes o se perderán nuevas vidas.

¡Por el derecho a la memoria, la verdad y la justicia, ayer y hoy!

¡La población negra y pobre no puede seguir siendo exterminada como gente que vale menos. Todos somos iguales!

¡Crímenes de Mayo nunca más! ¡Paz en las periferias!

Firmes en la lucha,

Madres de Mayo de la Democracia Brasileña

(Madres de Mayo • Brasil)

TRADUCCIÓN: ZANINI ZANINI

 

Ante la reglamentación de la ley de ‘Soberanía Hidrocarburífera’

20 ago 2012 Notas semanales

Patagonia, Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, Política energética

Dos largos meses pasaron desde la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera hasta su reglamentación, a través del decreto 1277/12, el 25 de julio. En ese lapso se pasó de un momento de euforia por el acto soberano de expropiar buena parte del paquete accionario de Repsol, a la búsqueda de nuevos socios estratégicos que aportasen capital y conocimiento técnico para la reposición de reservas y una mayor extracción de hidrocarburos de áreas tradicionales, así como para el desarrollo de yacimientos no convencionales. Las estadounidenses Exxon Mobil y Chevron, y la estatal china CNOOC, fueron las primeras interpeladas por la estrategia oficial, pero la imposición por parte de las mismas de condiciones y exigencias que replicaban el ‘modelo Repsol’ –libertad para liquidar utilidades en el exterior, libre disponibilidad de los hidrocarburos, atar la cotización interna del gas y el petróleo a los valores internacionales– impidió cualquier tipo de asociación hasta el momento. Frustrados estos planes, si bien se mantiene el diálogo abierto con las autoridades chinas, el Gobierno Nacional optó por avanzar en la firma de acuerdos más ventajosos con Bolivia y Venezuela. Lejos de continuar buscando socios entre los grandes jugadores del sector, entendemos que debe profundizarse este último camino con una integración regional más vigorosa que potencie armónicamente la complementariedad productiva de nuestros países.

Si bien el exitismo en torno al potencial de los yacimientos no convencionales -como elemento fundamental para lograr el autoabastecimiento energético- no ha desaparecido de las declaraciones de funcionarios nacionales, provinciales y de la dirección de YPF, éste no alcanza a garantizar la provisión cotidiana de gas, que se refleja tanto en la necesidad de aumentar la importación desde Bolivia, como en las obras de ampliación de los puertos regasificadores de Bahía Blanca y Escobar, el desaliento del consumo del GNC a través del incremento de precios y el aumento del precio del gas en boca de pozo para seducir a las operadoras. La vaticinada avalancha de inversiones externas no se concreta, y por ahora el máximo logro es haber aumentado la capacidad de refinación de YPF, que redundaría en una disminución de las importaciones de gasoil.

En este contexto, la firma del decreto 1277/12 es un avance importante en la política sectorial hidrocarburífera. Desde 1989, la ‘libre disponibilidad’ fue la piedra angular del saqueo que se materializó en la exportación de hidrocarburos, a la que se sumó la desregulación de precios y la privatización de YPF; y, finalmente, el proceso de balcanización de la gestión y explotación del recurso a partir de la provincialización del dominio. La reglamentación del Poder Ejecutivo –con la derogación de los artículos 5 inc. d, 13, 14 y 15 inc. a, b y e del decreto 1055/89; artículos 1, 6 y 9 del decreto 1212/89; y artículos 3 y 5 del decreto 1589/89– echa por tierra ese marco (des)regulatorio y sienta las bases para una mayor planificación y gestión racional por parte de la Nación.

La nacionalización ‘de hecho’ en la gestión y regulación sectorial es una medida progresiva y de avance efectivo que repercute en numerosas áreas de nuestra sociedad. La creación de una herramienta central, pública y con una potencial inserción en el control de todas las etapas de la industria es un complemento necesario de la expropiación parcial de YPF. La planificación de las inversiones, los precios internos, el destino de los recursos, los niveles de extracción y refinación, subsumiendo los intereses particulares de las operadoras privadas al interés general, debe ser la columna vertebral de un proyecto de país soberano y justo. Hasta el momento, esta premisa había sido dejada de lado en el sector, siendo las corporaciones privadas las que dictaban discrecionalmente, y de acuerdo a su propio beneficio, el destino de la energía presente y futura.

En este sentido, la apertura del escenario en los últimos tiempos es positiva y esperamos que esta línea sea una política de Estado en los años venideros y no de carácter coyuntural por parte de un gobierno ante un escenario particular.

No obstante, esta creación de una herramienta de regulación pública todavía deja varios interrogantes, que ya hemos planteado en otras oportunidades. Por un lado, cuál será el rol del Consejo Federal de Hidrocarburos, instancia creada por la ley de Soberanía Hidrocarburífera, que se encuentra ausente en el decreto 1277. Las atribuciones conferidas a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, siembran dudas acerca de qué incidencia real tendrá el Consejo Federal de Hidrocarburos en el diseño e implementación de políticas públicas para el sector. De la resolución de este interrogante dependerá la participación que tendrán las provincias en el nuevo esquema. En este punto, será imprescindible avanzar en un régimen federal con verdadera vocación democrática, en el que la participación comunitaria y de los trabajadores remplace a la “comunidad de negocios” existente hasta el momento entre las clases dirigentes provinciales y las compañías privadas.

Como se ha mencionado en otras oportunidades, el abordaje económico ha eclipsado totalmente el debate y la implementación de políticas públicas. La participación –tanto en el Consejo Federal de Hidrocarburos y la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas– de los organismos públicos responsables de garantizar el derecho a un ambiente sano brillan por su ausencia. La extracción e industrialización de hidrocarburos es una actividad contaminante, cuyos impactos sociales, ecológicos y económicos se registran a lo largo y ancho del país –entre otros, la violación sistemática de los derechos colectivos ambientales del conjunto de la población y los específicos de los Pueblos Indígenas, reconocidos en el marco jurídico nacional e internacional.

En vista de esto, los requerimientos a los operadoras no tendrían que limitarse a aspectos productivos y financieros sino también al apego a la normativa ambiental específica. Asimismo, son de público conocimiento los casos de resistencia de comunidades indígenas y campesinas que se oponen a los programas de desarrollo hidrocarburífero, y que encontraron en los organismos públicos (nacionales y provinciales) silencios o directamente represión y judicialización. Para terminar con esta situación deberían implementarse los mecanismos de consulta presentes en la legislación indígena internacional, con el objetivo de poner fin a las asimétricas negociaciones que se entablan entre comunidades y empresas, que en muchos casos redundan en la fragmentación interna de las primeras por las prácticas de reparto de dádivas llevadas a cabo por las petroleras.

El Estado no debe desentenderse de sus responsabilidades y derivar los conflictos al ámbito privado; tampoco debe convertirse en el brazo represivo al servicio de la ‘seguridad jurídica’ de las empresas, sino que debe velar y respetar los territorios que no otorgan la ‘licencia social’. Los incumplimientos y las violaciones de derechos no afectan sólo a los directamente damnificados sino que son hechos que lesionan al conjunto de la población y el país.

Entonces, ¿qué se espera para avanzar efectivamente en un programa de transición energética y que garantice plenamente los derechos colectivos? Los tiempos que vivimos no plantean únicamente el desafío de una mayor apropiación social de la renta y control público de los recursos naturales, sino también en una nueva práctica de armonía y de respeto en la relación a la naturaleza. Insistimos en que la energía debe ser concebida más allá de los límites conferidos en la actual discusión, incluyendo aspectos ambientales, culturales y sociales en igualdad de condiciones con la variable económica. Necesitamos continuar avanzando hacia una YPF acorde con los tiempos que corren: de control público, federal, democrática y con amplia participación popular y de sus trabajadores. En definitiva, una herramienta social para una transición efectiva hacia un país justo, soberano y sustentable.

Observatorio Petrolero Sur (OPSur)

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012

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Observatorio Petrolero Sur | OPSur

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