Apostillas sobre el Estado
22 jul 2012 Notas semanales
C.A.B.A., Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, Opinion
Una mirada impresionista sobre el rol del Estado. El Plan Pro.Cre.Ar. Terrenitos particulares y el complejo mundo de los inmuebles públicos. Trabajo informal, avances, parates y desafíos. El Indec y la inflación, la necesidad de reparar. Moreno, visto desde Escandinavia. Y algunas cuestiones más.
Por Mario Wainfeld
Hubo sorteo en la Lotería Nacional, presencia de Riverito incluida. Se asignó la primera tanda de préstamos del programa de vivienda Pro.Cre.Ar., una de las más sugestivas iniciativas anticíclicas y proactivas del Gobierno. Los beneficiarios son propietarios o familiares de titulares de terrenos en los que se puede edificar, con el apoyo del Estado. Ese sector es el más sencillo de implementar de los dos que prevé la medida, tal como lo anticipó este diario al día siguiente de su lanzamiento.
El otro, la construcción de inmuebles o barrios en terrenos que son hasta ahora propiedad pública, requerirá más tiempo para su implementación, mucho más compleja. Es curioso porque, aunque no se reconocerá formalmente, al principio se suponía que ese sería el núcleo sólido de Pro.Cre.Ar.
Pero en la gestión pública, como en la vida, se hace camino y se aprende al andar. Un ambicioso principio ideológico de la movida, poner la propiedad estatal al servicio del crecimiento y el reconocimiento de derechos ciudadanos, es tan encomiable cuan ardua su concreción.
Los inmuebles inventariados y afectados al decreto respectivo son, hasta hoy, propiedad de distintos estamentos del Estado: el Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe), las Fuerzas Armadas, las empresas de Ferrocarril, Radio Nacional (RNA). El Onabe es el ente que está en mejores condiciones para poner en acto las transferencias. Ha centralizado las propiedades mantenidas después del desguace del Estado y la diseminación de las empresas estatales. Cuenta con bienes ya mensurados y títulos de propiedad en regla, disponibles entonces para ser vendidos oportunamente. No aglutina la mayoría de las propiedades a transmitir.
Los propietarios más grandes son las Fuerzas Armadas, regidas desde el Ministerio de Defensa. Según un cálculo redondo, ellas concentran más del cincuenta por ciento de los terrenos fiscales, una fracción descollante. Mientras la titularidad no pase al Estado nacional, los bienes no entrarán del todo en la órbita del Pro.Cre.Ar. El recorrido no es sencillo, porque debe revocar un paradigma establecido durante el menemismo, de signo inverso del de la política actual. Se facultó a la conducción de las Fuerzas Armadas a administrar bienes propios, alquilarlos, tercerizar servicios… administrarlos en suma con parámetros propios de la actividad privada. Campos de golf, clubes, espacios públicos consagrados al cultivo de soja fueron algunas de las consecuencias observables.
Restituir lo público a finalidades colectivas no es zurcir y cantar. Escollos variopintos se interponen, las autoridades nacionales están decididas a conseguirlo. Aun si lo hicieran con máxima eficiencia (como es de desear) les tomará tiempo y esfuerzo. Hay resistencias de quienes administran los bienes, algunas (pocas) justificadas. Ciertas dificultades prácticas obstruyen la reforma. Por ejemplo, en algunos inmuebles hay instalaciones militares o públicas que no deben levantarse ni quedar desactivadas. Para hacerlo con prolijidad deberán subdividirse los terrenos de modo que conserven entrada propia (“sacabocados” lo llaman en jerga los funcionarios concernidos). Luego, trazar mensuras profesionales y aprobarlas. Recién entonces podrán transferirse al Estado nacional.
Con los terrenos residuales del ferrocarril, usualmente ubicados en zonas urbanas revalorizadas por el crecimiento de los últimos años, pasa algo parecido.
Las tierras de Radio Nacional sirven de asiento a sus antenas, que deben ser relocalizadas de forma que no resienta su funcionamiento y potencia.
No serán irrisorios los plazos para cumplir esas tareas que incluyen negociación, articulación entre áreas diferentes del Estado y tareas administrativas delicadas. Hoy día, es posible que (redondeando a bulto) el setenta por ciento de los préstamos sean para los terrenitos y el resto para otro tipo de construcciones.
Funcionarios que transitan a diario el espinel calculan que para el último trimestre de 2012 podrán sumarse al Pro.Cre.Ar. los primeros inmuebles públicos, los provenientes del Onabe, que están bien de papeles. Lo más factible es que sean menos que los sorteados anteayer.
En paralelo se desarrolla un fenómeno novedoso, acaso único en la historia reciente. Lo protagonizan intendentes y gobernadores que buscan terrenos fiscales propios para sumarlos al caudal del programa nacional. Se cerraría así una tendencia deseada de la medida que es cambiar cualitativamente la función de la propiedad estatal, transformándola en activo material de una política pública.
En simultáneo, es preciso atender a la ecuación financiera de los ciudadanos favorecidos en el sorteo, que no se agota en ese trance. En el nuevo estadio, argentinos de medianos o bajos ingresos deberán añadir a sus ceñidos presupuestos los gastos de la construcción. El Gobierno procura llegar a acuerdos con Consejos de Profesionales dedicados a la actividad para adecuar los honorarios, respetando los intereses de éstos, pero también valorando el impulso general que traerá la masividad de la medida. Este tipo de convenios también tiene evidentes dificultades, entre ellas la de conciliar normas vigentes, función social e intereses sectoriales lógicos.
Todo lo antedicho, supone el cronista, es un buen ejemplo de los vaivenes, desafíos y peripecias de gestión estatal. En cada paso debe haber buena praxis, correcta prognosis, eficiencia. La herramienta es un estado que se deterioró desde la década del ’70 y se destruyó, de modo deliberado, durante la dictadura y el menemismo. No dejó de existir, como ya se dirá, pero se recondujo al servicio de intereses minoritarios. Recuperar ese andamiaje, hacerlo funcional es una misión que insumirá décadas… si se hace bien. En el ínterin, es forzoso construir la nave mientras se navega.
- – -
El mercado, mal compañero: Subordinar la política a los designios del “mercado” es imposible sin contar con (sin malversar) las herramientas del Estado. La coyuntura europea es ilustrativa por demás: coordinación internacional, legislación establecida contra la resistencia popular, salvatajes financieros “Hood Robin” por cifras incomparables en la historia de la humanidad… La Argentina fue una pista de pruebas de esas prácticas.
La desigualdad cunde en América del Sur, también en nuestro país donde, acaso a diferencia de otros, se ha acentuado respecto de tiempos pasados y mejores. Establecerla fue estrategia de la dictadura procesista y del neconservadorismo, los errores de gobiernos democráticos y populares acentuaron la tendencia. A partir del 2003 el rumbo es otro aunque no se ha podido evitar la existencia de un nuevo esquema de desigualdades, dentro del “modelo”. Las condiciones generales mejoraron, pero hay un abanico de situaciones inequitativas (varias inéditas) al interior de la clase trabajadora. Avanzar contra ellas acaso exige revisar instrumentos del modelo que perdieron eficacia, al vaivén de los cambios producidos. El trabajo informal es una de las mayores fuentes de desigualdad. El kirchnerismo siempre tuvo en mira la creación de puestos de trabajo y la merma de la informalidad. Los indicadores son mejores que en los comienzos, pero distan de ser satisfactorios. Los avances se lograron con una combinatoria de elementos. El modo de producción, el fomento de actividades y mano de obra intensivas vía fomento a las pymes o políticas impositivas, la conservación de los puestos en momentos de crisis son algunas de ellas. A esas variantes de zanahoria se adicionaron otras de “palo”. Una AFIP presente e incisiva, un Ministerio de Trabajo que restauró las inspecciones y los controles. En la era neocon esas reparticiones de Trabajo habían sido desactivadas. La Vulgata dominante aborrece al sector público, despotrica si se suman empleados, pone la lupa sobre los salarios. Es un modo avieso de defender el peor statu quo, con cierto glamour para una platea distraída o prejuiciosa.
La voluntad elige el rumbo adecuado, el punch ha mermado andando el tiempo. Dicho de modo aproximativo, entre 2003 y los albores de la crisis de 2009, el porcentaje de trabajadores informales aminoró en buena concordancia con los índices de crecimiento. En la recuperación de 2010 y 2011 (un lapso corto, pero no carente de significación) los progresos fueron menores. Y el año en curso es pobre en la creación de empleo, ni qué decir en el avance contra el “trabajo en negro”. El Gobierno analiza acciones para mejorar la tendencia. La AFIP y Trabajo serían los actores principales y el recientemente creado Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea), un instrumento esencial. Las explotaciones agropecuarias consiguen marcas records en trabajo informal o infantil. El Renatre (organismo mixto ideado bajo el menemismo) conducido por Gerónimo Venegas, un mecanismo de encubrimiento de esas conductas ilegales y antisociales. Recobrado el comando estatal va siendo hora de una batida que combinaría lo ejemplar con lo utilitario (aumentar los recursos del Estado, en un año de dificultades).
De cualquier forma, la acción virtuosa quizá no sea bastante y haya llegado el momento de repensar el “modelo” y sus instrumentos, porque ninguno es la panacea universal o eterna. Y por cada avance presupone demandas y desafíos novedosos.
Ya que estamos –y como mero apunte para algún abordaje ulterior–, otra realidad que exige corrección es el trabajo precario, otra contradicción del “modelo” que, por añadidura, se ha acentuado en los años recientes.
- – -
Indec e inflación: La pérdida de prestigio y credibilidad del Indec es uno de los mayores errores y contradicciones del kirchnerismo. Una fuerza estatista e intervencionista desacreditó a una institución reconocida y funcional. Obstinarse en la torpeza o negarla acrecienta el daño.
La inflación sostenida y alta no es una consecuencia de lo del Indec, pero sí un factor concomitante, también subestimado desde el análisis, el discurso o la acción oficial. No hace falta argüir que es la variable más relevante de la economía para advertir su relevancia. Nadie cree en las cifras del Indec, aseveración que incluye a todos los jugadores de la economía real, incluyendo a los dirigentes gremiales de las cinco centrales obreras. Algunos conflictos por pedido de reapertura de paritarias que signarán el segundo semestre del año podrían, en otro escenario, prevenirse con acuerdos semestrales, ajustables mediante cláusulas gatillo. Imposible hacerlo sin números fehacientes, aceptados por todos. En la dinámica real, con protagonistas argentinos, remarcan todos los que pueden, en la medida de sus respectivos potenciales. Los sindicatos con peso en las convenciones colectivas lo hacen, los empresarios también. Comerciantes o profesionales participan, cuando tienen con qué. En ese juego, las correlaciones de fuerzas acentúan las diferencias: priman los más poderosos y se acentúa la desigualdad. La falta de atención discursiva parece enmarcar la falta de acciones para combatir el problema que, allende su negación, subsiste e impacta.
- – -
Moreno y el dique: El rector de la Facultad de Sociales acude a la modestia al comunicarse con su ex discípulo predilecto, el politólogo sueco que hace su tesis de posgrado sobre la Argentina. Le escribe: “Necesito una semblanza sencilla, accesible a estudiantes de primer año, sobre Guillermo Moreno. No me atiborre de datos o nombres, que se desconocen por acá. Acuda a la fábula, al relato sencillo, sea didáctico, por favor”. Luego, por un momento, recobra su estilo K: “Y hágalo rápido o le corto los víveres”. El politólogo sonríe, es una misión fácil. Replica, a vuelta de correo electrónico. “Suponga, profesor, que hay un enorme dique que preserva a la Argentina de las inundaciones. De pronto, un agujero lo perfora, con el riesgo consiguiente. Moreno corre, lo obtura con el dedo. Con otros, disca su celular, averigua quién está perforando del otro lado. Lo llama, lo convoca, lo regaña, lo llena de inspecciones, lo pone bajo la lupa, lo condiciona. El agujero subsiste, la perforación cesa. Moreno le pone masilla y sale corriendo hacia otro lugar del dique, donde aparece otra filtración. Mire más allá de los ribetes personales que construyen un personaje cuasi mítico, al que contribuyen generosamente él mismo, sus adversarios, sus enemigos, sus aliados y sus compañeros. Moreno expresa y corporiza el activismo kirchnerista paliando (o queriendo paliar) a pura motricidad las limitaciones o carencias del Estado. La hiperkinesis responde (mejor o peor, no me pregunte eso, que es sábado) a las necesidades. La precariedad de los modos y de los instrumentos habla de un faltante mayor que es una estructura institucional que responda.” Manda el mensaje y sale en busca de la pelirroja progre que ahora es cristinista. La propuesta: un trabajo de campo en territorio bonaerense, con la noche abierta a la aventura y a la reconciliación. La pelirroja ha abjurado de su romance de verano con un fornido militante camionero por diferencias ideológicas irreconciliables. Y vuelve a estar amigable, predispuesta al diálogo y a la búsqueda de consensos.
- – -
En el siglo XXI: “Achicar el Estado es agrandar la Nación” fue un slogan capcioso aunque sincero, pues cifraba una cosmovisión y un modelo de país. Recuperar la política al servicio de un proyecto popular, reparar y reconstituir al Estado, fortalecer la denostada “caja” son imperativos del kirchnerismo, dignos de saludar y compartir.
En nueve años de gestión, con aciertos y tropiezos, todo se resignifica y se reformula. La dialéctica explica la historia, los esquemas binarios que son válidos para la polémica se quedan cortos en ese afán.
La continua reforma del Estado, su acomodamiento al mundo y la sociedad son un reto que signará los años venideros. Pensarlo, discutirlo, aportar, una necesidad ineludible. Estas apostillas, asumidamente impresionistas y subjetivas, aspiran a insinuar la necesidad de ese debate, a menudo obturado por cuestiones coyunturales, eventualmente distractivas.
Fuente: Pagina 12
Compartir esta nota en Facebook
Buenos Oficios
22 jul 2012 Notas semanales
C.A.B.A., Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, Politica Nacional
Videla habló con una revista de Córdoba sobre la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar. El rol de Laghi y Primatesta y el testimonio de un ex sacerdote. No sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos garantizando que no lo hicieran público. Se comprende por qué hasta hoy la Iglesia no ha excomulgado a Videla.
Por Horacio Verbitsky
El ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia “ofreció sus buenos oficios” para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda. Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un involucramiento episcopal activo para que esa información no trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo silencio la Iglesia era garante.
Diálogos en la cárcel
El reportaje con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos al periodista español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo se divulgó esta semana. Fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados. Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010 en el locutorio de la cárcel de Bouwer, cuyos dos mil internos superan el número de pobladores de esa pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue el depósito de los residuos domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar puso como condición que sus palabras recién se difundieran cuando dejara la provincia, como consta en la carta manuscrita que se reproduce aquí.
Como en aquellas otras entrevistas y en sus alegatos judiciales, Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”. Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”. Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se quiso correr ese riesgo”. El razonamiento es idéntico al que Videla suministró a la Comisión Ejecutiva del Episcopado, cuando los obispos le transmitieron que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Pero la fecha es muy anterior a la que menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el 10 de abril de 1978 durante un almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del Episcopado, que presidía el arzobispo de Córdoba Primatesta y que también integraban los arzobispos de Santa Fe y de la Capital Federal, Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como vicepresidentes.
Primatesta hizo referencia a las desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos. El detalle de este diálogo consta en una minuta que los tres arzobispos redactaron en la sede del Episcopado en cuanto concluyó el almuerzo para enviarla al Vaticano. La autenticidad de ese texto fue reconocida por la Conferencia Episcopal, que hoy preside el arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, ante una consulta de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, luego de su publicación aquí. Pero en el reportaje con El Sur, Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso de asesorar a la Junta Militar y garantizar que tampoco los familiares de las víctimas contaran lo que había ocurrido con sus hijos. Lo que sigue es la transcripción textual del tramo de la entrevista sobre el tema:
–No deja de llamar la atención la forma en que se refiere a la situación de los desaparecidos. Hace sentir que para usted es un tema pendiente.
–La desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto.
–No parece suficiente.
–Es que la repregunta es un derecho que todas las familias tienen. Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos.
Hasta la expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”, “se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.
El rol de Laghi
La minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo habrá sido’. Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no se olvida de lo que dijiste’”. Su testimonio fue recogido por María Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue publicada por Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron desde Francia para interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta ordenó desmentirlo y explicar que sólo venían a pasar Navidad. En 1995, bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le había entregado al retirarse. Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el concimiento de Laghi sobre lo que sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, el propio Massera defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” y dijo que se preocupó en forma permanente por la suerte de “los llamados desaparecidos”. El problema es que Laghi había elegido la estrategia opuesta: negar que hubiera conocido la índole y la extensión de las violaciones a los derechos humanos. Dijo que “no tenía ni micrófonos ni espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los militares hacían”. Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de León), Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna y Emilio Bianchi di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones. “Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura.
La Eucaristía
Recuerdos coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de aversiones. En el Obispado se reunían las agrupaciones laicas que militaban en los barrios más humildes y las del peronismo revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre ellos un sacerdote. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y Alberto Devoto. “Laghi vino a maltratarnos”, dice Collosa, quien ya no es sacerdote. “No tenía ninguna intención de discutir el perfil del nuevo obispo ni mucho menos que se siguiera la línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un comedor para chicos de la ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los vuelos de la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una de las tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro del padre Raúl Troncoso que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy preocupados. Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores dominantes de la ciudad”. La primera entrevista de Videla con el periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía”. Es decir que pese a las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la complicidad eclesiástica con ellos.
Fuente: Pagina 12
Compartir esta nota en Facebook
Apogeo, decadencia y desafíos del sistema fiscal argentino
22 jul 2012 Notas semanales
C.A.B.A., Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, Politica Nacional
Por Gabriel Bencivengo
Muchos economistas coinciden en la necesidad de avanzar con una reforma de carácter progresivo, condición necesaria para sostener los avances concretados en los últimos años. Aquí, tres miradas sobre un tema clave.
“Respecto de la riqueza, ningún ciudadano debería ser tan opulento como para poder comprar a otro, y ninguno tan pobre como para verse obligado a venderse.”
Jean-Jacques Rousseau.
Contrato Social. Libro Segundo.
La base del actual sistema tributario nacional quedó, en lo esencial, delineada en los años ’30, tras el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen y cerró la primera experiencia democrática argentina. En los hechos, y aunque parezca un contrasentido, no fueron los sindicatos ni la izquierda –como ocurrió en Europa– los que quebraron en el orden local la concepción liberal decimonónica en materia impositiva. Por el contrario, fue la propia restauración conservadora –que años antes había bloqueado en el Senado los intentos del radicalismo por instaurar el impuesto a las ganancias– la que dio vía libre a la imposición del tributo, reforzó la presión sobre las ventas y definió un primer y rudimentario esquema de coparticipación federal. Lo hizo, claro está, no ya para proceder a una redistribución de la riqueza, sino para mantener un statu quo social y político que amenazaba con ser desbordado por las consecuencias sociales y económicas de la crisis del ’30. La revuelta social era una posibilidad tan cierta como la necesidad de financiar un incipiente esquema de sustitución de importaciones.
“Con el advenimiento de los gobiernos de Perón se verificó la utilización del andamiaje tributario establecido en los ’30 para impulsar un proceso de fuerte redistribución de los ingresos a través del gasto social y establecer un sistema de seguridad social de alcance universal”, señala el economista Jorge Gaggero en su ponencia Argentina: Lecciones del pasado y progresos recientes, trabajo elaborado para un seminario sobre Evasión Fiscal, Corrupción y Crisis organizado por Tax Justice Network. El shock de progresividad –destaca el especialista– se logró por una doble vía: la intervención del Estado en el mercado y una potente política de gasto social en educación, vivienda, salud y jubilaciones.
El trabajo de Gaggero pone de relieve que la experiencia resultó exitosa, en buena medida, porque fortaleció la progresividad del impuesto sobre la renta, además de crear el impuesto a las ganancias del capital –conocido hoy como ganancias eventuales–. También por una fuerte intervención en el mercado. En los hechos, el giro político permitió que la presión tributaria consolidada –Nación más provincias– alcanzara niveles de avanzada en América latina: el 18% del Producto Bruto Interno entre los años ’40 y ’50. “El modelo de fuerte redistribución –explica Gaggero– logró sobrevivir durante casi dos lustros, cuando se inició el proceso de largo y gradual deterioro que se aceleró a partir de 1975.”
A partir de ese momento, ganaron espacio los sectores concentrados y las sucesivas crisis. “El efecto de la inflación, las eficaces acciones del establishment orientadas a minar la progresividad y las sucesivas emergencias económica hicieron desaparecer la progresividad”, afirma Gaggero. El resultado fue la estructura actual, signada por un carácter fuertemente regresivo. Su máximo exponente: el IVA, cuya alícuota general registra un nivel similar al que tiene en Francia o Suecia, pero que, a diferencia de esos países, no diferencia entre consumos básicos y suntuarios. Su contracara: un débil impuesto a las ganancias que recae en gran medida sobre las empresas y, en forma muy limitada, sobre las personas físicas.
Una explicación. La ponencia de Gaggero no sólo es interesante porque aporta datos concretos que ayudan a comprende el éxito y la decadencia del sistema tributario argentino, sino también porque, a diferencia de otros trabajos, traza una hipótesis de las razones que signaron lo que el autor denomina “la anomalía del caso argentino”. Un camino inverso al que recorrieron los países que consolidaron un Estado de Bienestar y sólo comparable, en el mundo del G-20, al que registró Rusia tras la disolución del socialismo real. ¿Cuáles fueron las causas que explican el paso de una estructura fuertemente progresiva a una de carácter netamente regresivo? Según Gaggero, las razones de la persistencia de cierta igualdad en Europa y Estados Unidos, aun bajo gobiernos conservadores, habría que rastrearla en el campo cultural e institucional. Un campo que también explicaría la decadencia argentina.
“Hay una cadena histórica de sucesos complejos por la cual el compromiso social que diera origen a la imposición progresiva y, en particular, a cada uno de los programas de las acción estatal que ponen en práctica la redistribución que son financiados con los sistemas de impuestos progresivos se afirma en una trama político-institucional en la que la sociedad participa más o menos activamente y como consecuencia de la cual quedan fuertemente validados, a partir de su éxito, de un modo tal que asegura su continuidad, contra todos los intentos de tumbarlos”, explica Gaggero.
El proceso aludido por Gaggero, que se dio en forma menos intensa en América latina, aparece expuesto con mayor detalle en otro trabajo del autor: la progresividad tributaria, su origen, apogeo y extravío (Ver: http://www.cefid-ar.org.ar). Allí se destaca que, tras la primera y segunda guerras mundiales, las clases dominantes de los países desarrollados de Occidente se vieron sometidas a una fuerte presión democratizadora que empujaron a los grupos dominantes a ceder beneficios para evitar el mal mayor: la caída de la democracia de mercado. Nada, o muy poco de eso, ocurrió en países periféricos como la Argentina.
La gestión fina. La hipótesis trabajada por Gaggero agrega que el progresivo desmontaje del Estado de Bienestar –operado primero por la revolución del ’55, profundizada por la última dictadura y consolidada en los ’90 por el menemismo– impactó también en los organismos fiscalizadores, que fueron sometidos a una fuerte deslegitimación, cuando no a un copamiento por parte de grupos económicos y políticos. Hoy, la ausencia de estudios oficiales sobre evasión y elusión constituirían una muestra de la debilidad en que se mueve la gestión tributaria.
“Los especialistas coinciden en que el nivel del incumplimiento considerando todos los niveles de gobierno ha estado en los últimos treinta años en el orden del 40%, con picos de hasta el 60% en momentos muy críticos; por ejemplo, durante el período hiperinflacionario de 1989/90”, puntualiza la ponencia de Gaggero para Tax Justice Network. Algunos estudios estiman la evasión en Ganancias, tanto para empresas como para personas físicas, en el orden del 50%. “La lucha contra la evasión y el contrabando no puede ser legitimada plenamente –para ganar efectividad– si las más altas autoridades políticas de la Nación no logran emitir, en el plano que podemos denominar político-simbólico, mensajes adecuados”, advierte Gaggero.
El señalamiento no es ocioso. La consolidación de una conducción independiente, profesional y duradera surge, entonces, como una condición imprescindible para legitimar el accionar de los organismos fiscalizadores. Como prueba de los avatares a los que se vio sometida la administración fiscal, Gaggero puntualiza que durante el período de la convertibilidad, sus autoridades duraron en promedio dos años y medio cada una. “Para peor –destaca la ponencia–, el ‘retiro voluntario’ de personal que se impulsó en 2000 llevó a que la Afip perdiese el 12% de su personal más capacitado”. No es extraño que en tales circunstancias el organismo perdiera operatividad frente a los grandes contribuyentes y, en consecuencia, la evasión se acrecentara.
Terreno ganado. Gaggero, al igual que otros economistas, señala que durante el gobierno de Néstor Kirchner, el país consiguió revertir el avance de la desigualdad que se registró durante los ’90 y que profundizó el estallido de la convertibilidad. Entre 2003 y 2007, la diferencia de ingresos entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre de la población se redujo de 44 a 22 veces. La dinámica se asentó en la recuperación del empleo. Hoy, según la medición que se tome, la brecha oscila entre 20 y 24 veces. Una distancia aún sideral con relación a las ocho veces que registraba en mediados de años ’70.
Más allá del camino que resta, Gaggero afirma que se han hecho avances muy importantes. En otro trabajo –Impacto del presupuesto sobre la equidad (Ver: www.cefid- ar.org.ar/documentos)–, escrito en colaboración con Darío Rossignolo, se cuantifica la acción niveladora del Estado y se subraya que durante 2010, el 30% de la población más pobre del país recibió un beneficio neto de 100 mil millones de pesos a raíz de la recaudación tributaria y la inversión social contemplada en el Presupuesto Nacional. Su contracara –es decir: el 30% más rico– debió restar a sus ingresos un total de casi 148 mil millones como consecuencia de la acción fiscal.
El trabajo de Gaggero y Rossignolo consigna que ese año, con relación al Producto Bruto Interno, el gasto público alcanzó el 4,4% en Educación Básica, el 6,3% en Salud y el 1,2% en Asignaciones Familiares. Niveles muy superiores a los registrados a fines de los ’90. En síntesis: aun cuando el sistema mantuvo a grandes rasgos su carácter regresivo, la acción del Estado achicó la brecha. Prueba de ello es que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad (1 para el peor escenario y 0 para el más equitativo), arrojó antes del pago de impuestos 0,479 puntos –apenas inferior a la década previa– y 0,288 luego del impacto del gasto público.
Igualdad, ¿Qué igualdad? La pregunta, que el sentido común respondería desde la experiencia inmediata, se torna compleja cuando se trata de encontrar una respuesta en el plano social. En un trabajo de reciente publicación, Jorge Nun (Ver: www.vocesenel fenix.com/category/ediciones/nº-14) recorre conceptos y despeja el camino: “Una de las respuestas más clásicas del liberalismo a esta pregunta es conocida: en relación a las oportunidades que les ofrece la sociedad a sus miembros”. Sin embargo, advierte Nun, la igual de oportunidades no ha conducido, en ninguna parte del mundo y en ningún momento histórico, a mayores condiciones efectivas de igualdad.
En efecto. Los intentos que por este camino se han realizado, aunque hayan estado impregnados de las mejores intenciones, no han conseguido cerrar la brecha entre pobres y ricos. En la práctica, apenas han resultado en un remedio para anestesiar la conciencia de los privilegiados y sus voceros: los medios de comunicación dominantes. El desafío, como advierte Nun, es mucho mayor: “(…) no se trata de abolir únicamente los privilegios heredados sino también la falta de privilegios heredada”. En síntesis, según el autor, “la mayor igualdad debe tener por horizonte a una razonable igualdad de condiciones y resultados”. ¿Qué parámetros deberían tomarse en cuenta para cuantificar la igualdad/desigualdad? ¿Basta con medir los ingresos?
Nun propone, además de los ingresos, una serie de indicadores que son los que integran la noción de desarrollo humano elaborado por los especialistas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). “Como se desprende de este índice, la mayor igualdad de condiciones y resultados debe obtenerse, ante todo, en materia de salud, de educación y de ingresos, dimensiones que en la Argentina –y, desde luego, en muchos otros lugares– presentan históricamente un alto grado de asociación”, concluye el integrante del Plan Fénix. Indicadores al margen, el resultado de un plan que apunte a generar una razonable igualdad de condiciones y resultados encontrará sus condiciones de posibilidad en el campo de la política.
En este punto, el derrotero se cruza con la hipótesis “cultural-institucional” de Gaggero sobre “la anomalía argentina”. En definitiva –dice Nun–, “la problemática de la desigualdad remite siempre, en última instancia, a un acceso diferente de los diversos sectores de la población al proceso de toma de decisiones, es decir, que implica en efecto una cuestión de poder”. ¿Alcanzan, entonces, con las actuales instituciones de representación democrática? La respuesta de Nun es negativa: “No bastan para corregir esta cuestión en tanto no se encuentren enraizadas en una cultura de la igualdad, que ellas no están en condiciones de producir por sí mismas”.
Generar consenso. “Creemos que no se puede pensar la reforma de un sistema fiscal, más si es progresiva y atenta en contra de intereses instalados, sin tener en claro la posibilidad de su aceptación o de su rechazo por parte de la población, sabiendo que la evasión o la elusión fiscal no pueden ser totalmente eliminadas por sistemas de control y de sanción”, advierten Alejandro Grimson y Alexandre Roig, doctores en antropología y sociología económica, respectivamente, además de investigadores del Conicet y profesores de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
El señalamiento de los autores –contenido en Los actores sociales y los impuestos (Ver: http://www.vocesenelfenix.com/category/edicio nes/nº-14)– subraya la necesidad de conseguir consensos amplios y transversales para encarar reformas estructurales. Pero también pone de relieve la importancia de analizar de qué manera la sociedad, y los diversos sectores y grupos en particular, perciben la cuestión fiscal. A la luz de lo expuesto: un escalón esencial para avanzar en el plano político y generar la cultura de la igualdad que plantea Nun.
Que la desarticulación del Estado de Bienestar haya sido posible se explicaría, entre otras cuestiones, por una apatía generalizada por la cuestión fiscal. ¿Cuáles son los mayores escollos para sumar adhesiones? Desde un plano social, Grimson y Roig subrayan que uno de ellos “reside en el hecho de que los impuestos aparezcan para sectores de la población como un cálculo específico y desarticulado de otros”. En la base de la cuestión esta la imposibilidad de los actores sociales, en especial de aquellos de mayor poder adquisitivo, de visualizar la sociedad como un conjunto. “Esto debe ser comprendido como un indicio de los modos en que sedimentaron relaciones históricas en la Argentina, no sólo entre el Estado y la sociedad, sino entre los distintos sectores sociales”, agregan los autores.
No es casual, en este orden, que quienes puedan pagar más ante una eventual reforma generen resistencias al cambio y, a la vez, opten por servicios privados de educación, salud y seguridad. Más aún cuando –como señala el trabajo– “la relación fiscal se inscribe en un régimen de confianza que moviliza un complejo de experiencias y significaciones sobre la captación fiscal y sus usos por el Estado”. Un punto que también destaca Gaggero, cuando acentúa la necesidad de darle transparencia al gasto público para legitimar el accionar del Estado.
Obviamente, se trata de una discusión de largo alcance que está lejos de ser democrática. El carácter mediado y corporativo del debate fiscal se hizo patente con relación al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias: quienes no están alcanzados por el tributo –es decir: ocho de cada diez trabajadores en blanco– no tuvieron voz en los medios de comunicación hegemónicos. Lo mismo ocurrió durante la discusión por las retenciones móviles, ocasión en la que la Mesa de Enlace monopolizó el sujeto “campo”, al tiempo que pugnó –y casi consiguió– convertirlo en sinónimo de “país”.
El desafío es enorme. “Entendemos que una reforma fiscal integral como horizonte sería una etapa crucial de la constitución sedimentada de una nueva hegemonía, un sentido común distinto respecto de las partes y el todo. Para que esa nueva hegemonía sea posible, resultará crucial que el Estado en ningún caso aparezca identificado con una parte, sino que siempre, en cada medida y cada acción, trascienda a cada una de ellas”, proponen Grimson y Roi. Una construcción que requiere, sin duda, la participación activa y transformadora de la sociedad en la trama política e institucional vigente.
Fuente: Miradas al Sur
James Holmes dispara sobre los espectadores de la última película de Batman
22 jul 2012 Notas semanales
EEUU, El Emilio, Politica Internacional
Por Luis Martin Cabrera
No, no es el argumento de una nueva película de asesinos en serie de Hollywood, es la realidad, la cruda realidad de este país. El pasado viernes a media noche James Holmes, un estudiante de medicina de la Universidad de Colorado de 24 años se presentó en un teatro de Aurora en las afueras de Denver pertrechado con varias armas automáticas, protegido por una máscara antigas y vestido de riguroso negro para abrir fuego contra los desprevenidos espectadores de la sesión de medianoche de la última película de la serie Batman, “El caballero Negro regresa” — ominoso título para tamaña catástrofe. Según informaciones de la cadena Fox, Holmes disparó hasta 6,000 veces durante 20 minutos sobre los espectadores, acabando con la vida de 12 e hiriendo a más de 50: no es que la realidad supere a la ficción, es que está completamente fuera de ella, fuera de lo humanamente imaginable, incluso para una película gore de buenos y malos.
Pero con la misma previsibilidad que vuelven las lluvias cada primavera, en los próximos días escucharemos otra vez las más peregrinas explicaciones sobre la tragedia: la culpa de todo esto la tiene el Heavy Metal, Marilyn Manson, los juegos de rol de dragones y mazmorras, los superhéroes de cómics o la deriva de una juventud demasiado nihilista para aceptar a Jesucristo como su salvador personal. No exagero, con la misma compulsión obsesiva que en ocasiones anteriores, periodistas, psicólogos y trabajadores sociales se lanzaran a examinar la personalidad de Holmes en busca de alguna explicación que nos absuelva como sociedad de la responsabilidad colectiva que tenemos por estas masacres. O peor aún, aceptaremos estas muertes como ha hecho Bill O’really, el comentarista conservador de la cadena Fox, como una mala pasada del destino: “hay buenas personas a las que lamentablemente les suceden cosas malas y no hay ninguna política que se pueda implementar para impedirlo”. [1]
O’really, que no es más que un mercenario de la derecha evangélica blanca militarista, esta tratando de cerrar en falso una vez más el debate sobre el acceso a las armas, especialmente las automáticas, pues la gran verdad oculta bajo todas estas fantasías psicopatológicas y nihilistas descritas arriba es que Aurora, Colorado, está a unas escasas 20 millas de Columbine, el lugar de la tristemente famosa masacre de 1999 en la que murieron 15 estudiantes de secundaria. Según el diario “The New York Times”, muy poco o nada se ha hecho desde entonces para regular la compra de armas en Colorado [2]. A diferencia de otros estados que tienen leyes más estrictas para regular la compra y tenencia de armas (“May issue” en inglés), Colorado sigue siendo un estado con leyes muy permisivas (“Shall issue” en inglés), lo cual autoriza a los ciudadanos a portar armas escondidas, por ejemplo, en el campus de la Universidad de Colorado, en los automóviles o en cualquier espacio público; sólo tener un abultado expediente delictivo o un historial psiquiátrico se consideran causas válidas para restringir la compra y tenencia de armas.
Habrá, sin embargo, quien piense que la regulación o prohibición de portar armas no es la verdadera causa de esta tragedia, pues al fin y al cabo, puede muy bien darse el caso de que Holmes sea un psicótico sin diagnóstico (de momento sabemos que es tan perverso que ni siquiera tiene cuenta de Facebook o Twiter), pero lo cierto es que si algo hemos aprendido de la fecunda obra del pensador francés Michel Foucault es que la “locura” funciona como un dispositivo de poder que expulsa fuera de la noción de “normalidad” todo aquello que impide la gobernanza y el control de una población a la que es necesario volver dócil. En otras palabras, Holmes, como todos los otros asesinos en serie que le precedieron, no es lo radicalmente Otro de la sociedad americana, es un producto nacido de las propias entrañas de este país, reducirlo a una simple ocurrencia patológica o a un producto de la cultura popular de masas, no tiene por objeto más que limpiarnos de la responsabilidad social colectiva que tenemos ante un evento de esta magnitud.
La pregunta, entonces, que hay que hacer para pensar este traumático acontecimiento es ¿de dónde viene la permisividad y el culto a las armas que autoriza la masacre de Aurora, Colorado? El origen del culto a las armas está escrito en la Segunda Enmienda de la constitución de los Estados Unidos que otorga a la ciudadanía como derecho fundamental la posesión de armas. La enmienda dice literalmente, “Siendo necesaria una Milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar Armas, no será infringido”. Por pueblo aquí no debe entenderse todo el mundo, pues como aclara una disposición del Congreso de los Estados Unidos fechada el 8 de mayo de 1792, los que tienen derecho a portar armas y participar en las milicias, son sólo los hombres blancos con propiedad y sin minusvalías físicas (“free able-bodied white male citizen of the respective States”). La segunda enmienda es, por ende, la codificación legal del monopolio genocida de la violencia que se arrogan los hombres blancos anglosajones sobre todos los demás habitantes del territorio.
Por detrás de la Segunda enmienda está, entre otras cosas, el genocidio de los pueblos indígenas de Norteamérica, los linchamientos de afroamericanos antes y después de la abolición de la esclavitud, la creación de fuerzas paramilitares en California para linchar y ejecutar a líderes sindicales filipinos y latinos y, por supuesto, todos los movimientos de “vigilantes” como los “Minutemen” que, financiados por el ex-gobernador Schwarzenegger, “patrullan” y ejercen violencia sobre los inmigrantes indocumentados en la frontera de México. El Estado norteamericano –y tal vez sea una de sus características más acusadas— se apoya en la existencia de formas para-estatales de violencia asociadas con la supremacía blanca y la defensa de la propiedad privada. Al fin y al cabo, en algún sitio tiene que estar la memoria de los granjeros blancos con un rifle, demasiado conscientes de haber robado la tierra a los indígenas primero y, más tarde, después del tratado de Guadalupe Hidalgo (1848), a los mexicanos.
Pero ¿qué tienen que ver estos orígenes remotos con lo que acaba de suceder en Aurora, Colorado? Para responder a esta pregunta hay que volver al excelente documental de Michael Moore, Bowling for Columbine. En el documental Moore reflexiona obsesivamente sobre la conducta del actor Charles Heston, presidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), uno de los colectivos que defienden más vehementemente la Segunda Enmienda y el derecho a portar armas. En 1999 Heston se presentó en Columbine para defender la Segunda Enmienda dos días después de la masacre y volvió a hacer lo mismo en Flint Michigan, unos meses después de que falleciera una niña de 9 años en otro tiroteo. Al final del documental, Moore consigue una entrevista con Heston en la que le pregunta por su actitud y lo primero que éste responde es que lo que fue bueno para los hombres blancos que fundaron los Estados Unidos es bueno para él. Cuando Moore le pregunta por qué en otros países, como Canadá, que no regulan la posesión de armas, no suceden estas cosas, Heston contesta literalmente que esto es así porque los Estados Unidos tiene una historia muy violenta que tiene que ver con cuestiones étnicas. Sin comentarios. Al final de la entrevista Moore le muestra una foto de la niña fallecida en Flint y le invita a pedir perdón a la familia por haber ido al pueblo unos días después de la tragedia a hacer apología de las armas –el chantajista chantajeado. Heston no puede sostener la mirada y se marcha de la habitación.
Charles Heston tampoco es radicalmente Otro, es este país, y como Heston este país necesita mirar de frente a lo que ha pasado en Aurora y preguntarse, ¿por qué la mayoría de estos asesinos en serie son adolescentes u hombres blancos? ¿Cómo habrá influido en Holmes haber crecido en Poway, un suburbio rural predominantemente blanco y evangélico de San Diego, una ciudad con un turbio pasado de terror racial? ¿Cómo conectar está violencia aparentemente indiscriminada con la violencia discriminada y dirigida contra minorías raciales y enemigos políticos? No estoy tratando de leer todo lo que ha pasado con las lentes analíticas de la discriminación racial, sino que más bien trato de sugerir que la irracional negativa de este país a regular la tenencia de armas tal vez esté relacionada con los violentos cimientos de una sociedad que prefiere abandonarse al lenguaje de las pistolas que pensar críticamente su historia.
[1] http://video.foxnews.com/v/1745799596001/
[2] http://www.nytimes.com/2012/07/21/us/colorado-gun-laws-remain-lax-despite-changes-after-columbine.html?hp
Fuente: Rebelion
Compartir esta nota en Facebook
Tags: asociacion nacional del rifle, el caballero de la noche, james holmes, lus martin cabrera, masacre en eeuu, pelicula de batman, REBELIÓN
