Archivos del día 29 junio 2012

Hacia una nueva ética y estética de la memoria

29 jun 2012 Notas semanales

C.A.B.A., Argentina, UNSUR-CELAC, EL EMILIO, Cultura y Derechos Humanos

FORO DE CRÍTICA CULTURAL

Hacia una nueva ética y estética de la memoria en el cine documental argentino:

El predio (2010) de Jonathan Perel

Viernes 29 de junio

A las 18:00h

Lugar: Aula Tutorial B – Sede Capital

Dirección: 25 de Mayo 586

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 

Maria Guadalupe Arenillas

Es Doctora en Literatura Latinoamericana y Estudios Culturales por la Universidad de Notre Dame. Actualmente realiza tareas de investigación y docencia en la Universidad de Northern Michigan, Michigan. Su area de especialización son los estudios de memoria y la narrativa argentina contemporánea. Es co-editora, junto con el Dr. Jonathan Allen, de la serie Memory Politics and Transitional Justice en la editorial Palgrave Mc-Millan. Sus trabajos han aparecido en publicaciones nacionales e internacionales.

 

Comentador: Marcos Seifert (UBA)

 

“El desafío es erradicar definitivamente la pobreza y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”.

29 jun 2012 Notas semanales

C.A.B.A., Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, Sociedad

Fuente: http://espacioiniciativa.com.ar/?p=8244

Entrevista a Gabriel Lerner, Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

Gabriel Lerner, Abogado, anteriormente se desempeñó como Director Nacional y Subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia. En esta oportunidad, describe los principales avances en materia de niñez y adolescencia, explica como se llevó adelante la implementación del Sistema de Protección de Derechos creado a partir de la Ley 26.061 y analiza hacia donde debería orientarse la creación de un nuevo sistema penal juvenil en consonancia con el actual marco normativo. También reflexiona sobre el trabajo de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores y enuncia los principales desafíos de la SENNAF para los próximos años.

Reportaje de Telémaco Subijana y Federico Ghelfi

 

¿Cuáles han sido los principales avances de los últimos 9 años en materia de niñez y adolescencia?

Cabe destacar, en primer lugar, el notorio avance en materia legislativa. Estas nuevas leyes, claramente, dan cuenta de una dimensión muy importante, y son condición necesaria -aunque no suficiente- en la promoción y protección de la niñez y la adolescencia. En este sentido, en los últimos años ha habido un cúmulo de leyes de singular importancia que han incidido en la política pública de infancia. En este sentido, podemos referirnos, entre otras, a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley 26.233 de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil; la Ley 26.206 de Educación Nacional; la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo; el Decreto N° 90/2009 que estableció un régimen administrativo de carácter excepcional para la inscripción de niñas y niños; la Ley 26.579 que modificó el Código Civil y estableció la mayoría de edad a los 18 años; la Ley 26.390 que ha permitido elevar a 16 años la edad por debajo de la cual está prohibido el trabajo infantil; la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata, que atiende la trata de menores de 18 años; y la Ley 26.150 de Educación Sexual y Reproductiva. Entonces, en los últimos 9 años hemos podido conformar lo que nosotros llamamos un bloque legislativo a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que prácticamente no merece discusión en el arco democrático. Todas estas iniciativas han tenido, en el Congreso Nacional, un trámite libre de cualquier sospecha en los términos de si eran leyes que afectaban o no a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese contexto, hay que marcar el problema de la discusión sobre, probablemente, la principal asignatura pendiente o demora en el plano legislativo: la modificación del Régimen Penal de la Minoridad. La ley que regula la situación de los adolescentes menores de 18 años cuando cometen un delito tiene un fuerte sesgo tutelar, clasista, discriminatorio y que otorga a los jueces facultades enormemente discrecionales. Esto tiene que ver con que, si bien hay un consenso muy amplio de salir del esquema de la discrecionalidad para pasar a una ley que otorgue garantías y reglas claras, al mismo tiempo, casi todos los proyectos iniciaban la persecución penal a los 14 años. Es decir, bajan la edad de punibilidad de 16 a 14 años, algo que ha tenido mucha resistencia en la sociedad y en las propias Cámaras del Congreso. Esto produjo una suerte de empate que ha impedido que hasta ahora se reforme una vieja ley, que es muy criticada. No se consigue una mayoría, ya sea para reformarla bajando la edad desde 14, ya sea para reformarla manteniendo la edad de persecución penal en 16 años. Pero, en definitiva, con excepción del tema penal juvenil, el avance legislativo ha sido muy importante.

Por otra parte, hay notorios avances en relación a los indicadores sociales. Cuando asumimos en el 2003, un 60 % de la población de 0 a 17 años se encontraba en situación de pobreza. Hoy día, más allá de cualquier discusión sobre los indicadores oficiales, nadie discute que esa cifra se ha reducido de manera significativa. Según nuestros datos, todavía hay un 10% de niñas, niños y adolescentes que siguen estando en situación de pobreza. Pueden encontrarse otros números, pero nadie deja de reconocer que hubo una muy abrupta reducción de la pobreza. En cuando a la indigencia, el avance aún es más marcado, se pasó de un 27 % a un 2 %. También ha habido una mejora sustancial en la tasa de mortalidad infantil, pasamos del 16,5 por mil en el 2003 al 11,9 por mil en el 2012. Por otra parte, un dato muy interesante tiene que ver con la evolución de lo que se denomina “gasto público consolidado en infancia”, tanto de la Nación como de las provincias. Según el estudio que realizan el Ministerio de Economía y UNICEF, se ha pasado de 23.000 millones de pesos en el 2003 a 91.000 millones en 2010. Esto implicó pasar de 5,6% al 8% del PBI. Cabe señalar que este incremento tiene que ver con el impacto de que tuvo el mayor financiamiento educativo -que en un 90 % es destinado a niñas, niños y adolescente-, el Programa Conectar Igualdad y la AUH. El incremento de la inversión hacia niños y niñas fue entonces un dato más que significativo.

Por otra parte, además de los avances normativos y en materia de indicadores sociales, ha habido modificaciones importantes en lo que denominamos la “institucionalidad de la infancia”. La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia vino a reemplazar lo que era el viejo Consejo del Menor- luego devenido en Consejo Nacional de Niñez Adolescencia y Familia-, que era un organismo auxiliar de la Justicia Nacional con competencia en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no había en el país ningún organismo rector en materia de políticas de infancia. A partir de la Ley 26.061 se crea esta secretaría, empieza a haber un órgano rector de políticas públicas de infancia en todo el país, y comienza a funcionar el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. El Consejo tuvo alrededor de 15 sesiones y está integrado por las máximas autoridades gubernamentales en materia de infancia de cada provincia. El gobernador/a, mediante ley o decreto designa a sus representantes y, de las 23 jurisdicciones que participan regularmente del Consejo Federal, alrededor de 14 integrantes enviados por las provincias son Ministros de Desarrollo Social, Familia o Derechos Humanos. Esto muestra un cambio con respecto al año 2006, cuando comenzamos a construir el Consejo, en donde los representantes provinciales eran mayoritariamente autoridades de segunda o tercera línea. En estos últimos años, las provincias han ido jerarquizando progresivamente a las áreas de niñez. Entonces, funciona la SENNAF, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, pero lo que aún no se ha logrado es que el Congreso ponga en funcionamiento la figura del Defensor de los Derechos del Niño y el Adolescente que prevee la Ley 26.061. Pero es importante destacar que en la mayoría de las provincias las autoridades fueron jerarquizándose.

Por su parte, se dio una cuestión paradójica: la Convención de los Derechos del Niño se vota en la Organización de Naciones Unidas en 1989, se convierte en ley 1990, pero recién se incorpora en la Constitución durante la reforma de 1994. Por su parte, entre 1991 y el año 2000 se produjeron una sucesión de reformas de leyes de infancia en algunas provincias -como en la Ciudad de Buenos Aires o en Mendoza- que son anteriores a la Ley Nacional. Luego, ese proceso se desaceleró y con la Ley 26.061 se volvió a producir un desarrollo muy importante de reformas normativas en todo el país. Como resultado de esto, salvo 2 provincias -Formosa y La Pampa-, todas tienen su ley de protección de la infancia adecuada al paradigma de la Convención. Por último, otro aspecto importante a resaltar en relación a los avances institucionales es que, de acuerdo al Decreto N° 416 del año 2006, nuestra secretaria integra el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que permite articular diferentes acciones. A modo de ilustración, la SENNAF, por iniciativa de nuestra Ministra la Dra. Alicia Kirchner, en articulación con el resto de organismos que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales -especialmente con el Ministerio de Educación- está impulsando la puesta en práctica de un plan nacional de fortalecimiento de la primera infancia y, en particular, de los Centros de Desarrollo Infantil. Existe un acuerdo unánime en priorizar el fortalecimiento de la protección social en la primera infancia. Por un lado, para mejorar las condiciones de ingreso de esos chicos a la escuela y, por otro lado, para facilitar el acceso al trabajo de las mamás y papás.

¿Qué evaluación hace del Sistema de Protección y Promoción de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes implementado a partir de la 26.061? ¿Cómo se ha articulado con las provincias y el poder judicial?

Uno de los temas que más ruido hizo la reforma que se inicia con la Ley 26.061 fue la reconversión de los roles de los poderes ejecutivos y los poderes judiciales en relación a las medidas de protección de la infancia. Cuando me refiero a estos poderes, lo hago en plural porque esta discusión se dirime en cada una de las provincias. En este contexto, en general, las leyes de protección que derogaron a las viejas leyes de “minoridad” tienen una impronta de desjudicialización. Ha habido un diagnostico compartido por casi todos los especialistas en materia de protección de la infancia en cuanto a que la vieja intervención tenía un sesgo de naturaleza positivista, autoritaria, y que tenía en el poder judicial un actor central que solía tomar medidas de separación de los niños de sus familias fundadas en criterios muchas veces de naturaleza discriminatoria -lo que se llamó la doctrina de la situación irregular. Por su parte, las nuevas concepciones entienden que hay que eludir la fractura del mundo de la infancia en dos -en un mundo de los niños “normales” y otro de “menores”-, y que hay que abordar los problemas del conjunto de los niños con la mayor cantidad de políticas y herramientas comunes, sin negar las específicas, y que los jueces intervengan cuando haya que tomar decisiones de naturaleza jurisdiccional, es decir, cuando haya que poner en juego algún derecho de determinada jerarquía. Hubo unanimidad en que los jueces no debían ser agentes de la política social, que debían fortalecerse las políticas de protección de los gobiernos y que era importante descentralizar estas políticas. En este sentido, venimos avanzando no solamente en la jerarquización de las áreas de infancia de todos los gobiernos sino también en una política que impulsa muy fuertemente una mayor transferencia de recursos económicos, de tecnología, de conocimiento, capacitaciones con universidades dirigidas hacia el territorio, lo local, a fin de lograr una mayor descentralización, propendiendo a que existan, en cada ámbito municipal, órganos de protección de derechos de los niños. Así, allí donde había 6 o 7 jueces de menores hoy hay 20 o 30 oficinas de protección de derechos de los niños o más. Estas están más cerca de las familias, de los chicos, de las comunidades. Se ha avanzado mucho en este sentido y todavía queda mucho trabajo por delante, no resulta sencillo introducir cambios en las agendas sociales de los municipios. Por eso, el desafío no es solo articular entre Nación y las provincias, sino también profundizar la coordinación entre las provincias y los municipios. A diferencia de la vieja concepción de la “minoridad” que establecía que los chicos en problemas debían ser atendidos por los órganos de minoridad, nosotros consideramos que el conjunto de las áreas de gobierno tienen que tener políticas de promoción y respeto de los derechos de los chicos. No depende de una sola área de gobierno, hace falta que todas las instituciones -el sistema educativo, el sistema de salud, las áreas de seguridad, de servicios públicos, de infraestructura- actúen de manera coordinada y con un mismo enfoque. Es un desafío importante y nada sencillo de llevar adelante. A modo de ilustración, en 3 o 4 semanas estamos inaugurando en la ciudad de Buenos Aires un centro de privación de libertad de adolescentes que va a sustituir de manera total la detención de cualquier persona menor de edad en las comisarías. Todo chico acusado de cometer un delito en la ciudad de Buenos Aires en vez de ir a una comisaría, va a ir a este centro especializado. Esto es posible en virtud del trabajo en común entre nuestro Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Seguridad. Además, a nivel nacional, venimos trabajando en la erradicación de las gendarmerías infantiles. Esto era impensable tiempo atrás. Tiene que ver con la idea de que el enfoque de derechos respecto a la infancia no tiene que ser patrimonio de las áreas de niñez sino que esto requiere un trabajo en común con el conjunto de las áreas de gobierno desde una perspectiva integral. En definitiva, se ha avanzado mucho en relación a la implementación del sistema de protección aunque en algunos lugares, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haya dificultades para articular con un gobierno local renuente a invertir más en infancia. Esto, lamentablemente, se traduce en situaciones dolorosas como es la de encontrar niñas y niños en situación de calle, como no ocurre en otros lugares del país.

¿Hacia dónde cree que debería orientarse la conformación de un nuevo sistema penal juvenil?

En general se instaló una lectura: que el problema de un sistema de justicia juvenil adecuado a la Convención y a la perspectiva de derechos humanos requiere solamente la dimensión del cambio de la Ley Nacional. En este sentido, consideramos que esa dimensión es necesaria pero la experiencia en América Latina indica que solo con una buena ley penal juvenil no se resuelven los problemas. También hacen falta poderes judiciales renovados, con personal especializado, códigos procesales acordes a la nueva mirada y, además, que nosotros, los órganos de los poderes ejecutivos, ofrezcamos buenos programas. Cuando llegamos a la SENNAF, en la CABA -como órgano auxiliar en la materia de los jueces con competencia penal para menores-, teníamos alrededor de 500 chicos en establecimientos privados de libertad, hoy no llegamos a 150. Al mismo tiempo, duplicamos la cantidad de chicos que están en programas alternativos a la privación de libertad. Y todo eso con la misma ley vigente. Esto tuvo que ver con ofrecerles a los jueces un mejor abordaje de los chicos en mecanismos alternativos a la privación de libertad -para reducirla- y, también, con mejorar la calidad de trabajo, de educación, en materia de privación de libertad. En relación al problema de que todavía no se pudo avanzar en esta ley, seguramente la comisión designada por la Presidenta para que le eleve un proyecto de reforma del Código Penal va a trabajar en eso y, seguramente, la SENNAF podrá aportar mucho. En general, hay acuerdos muy importantes en relación a que debe recurrirse solo excepcionalmente al sistema penal en materia de menores de edad, que la privación de libertad debe ser en centros especializados y en tiempos cortos, que los delitos de mayor levedad deben ser procesados por sistemas alternativos a la justicia penal y que la intervención debe tener una perspectiva socio-educativa que facilite al chico rápidamente incluirse en otros términos en su comunidad. Queda por dirimir un tema muy difícil que es el de la edad a partir de la cual se debe iniciar la persecución penal. En general, los que venimos de una larga militancia en defensa de los derechos humanos y de los sectores más humildes somos renuentes a bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14. Se nos dice que en otros lugares del mundo es más bajo, pero incluso el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas ha aconsejado que en los casos de aquellos países que tienen una edad alta, como es en nuestro caso, no se la baje. Es una discusión que veremos como se salda pero creemos que hasta el momento esta cuestión es la que ha dificultado tomar una decisión al respecto.

¿Cómo se ha avanzado a nivel federal en la aplicación de la Ley 26.233 de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil?

Se trata de un verdadero desafío porque la Ley 26.233 es posterior a la mayoría de las leyes provinciales que regulan a los jardines maternales o Centros de Desarrollo Infantil. En este sentido, ante ese desafío, la Dra. Alicia Kirchner creó en nuestra Secretaría la Comisión de Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios -con rango de subsecretaría- para que se dedicara exclusivamente a avanzar de cara a los objetivos de esta ley. En este contexto, estamos trabajando en la conformación de un Registro Nacional de Centros de Desarrollo Infantil -en los que ya tenemos registrados más de 4500 centros comunitarios, sin contar a los que se enmarcan como una actividad privada o a los puramente públicos-, estamos haciendo un estudio cualitativo más profundo de entre 800 y 1000 centros, estamos colaborando para mejorar la calidad de más de 600 centros y, además, en articulación con otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, trabajamos en el desarrollo de espacios de desarrollo infantil en los cerca de 600 Centros de Integración Comunitaria (CICs) que promovió la Ministra Alicia Kirchner en todo el país. Por otra parte, también nos encontramos trabajando en una nueva dimensión: el desarrollo de un Plan Nacional de Desarrollo Infantil con Educación, Economía, Salud, Justicia y Trabajo. Se trata de un plan ambicioso, en Argentina tenemos 877.000 niñas y niños -entre recién nacidos y 3 años de edad- que perciben la Asignación Universal por Hijo. Muchos de ellos van a Centros de Desarrollo Infantil donde hay una oferta adecuada, van a algún cuidado de baja calidad -en algunos casos- o no tienen ninguna alternativa. Ese conglomerado de niñas y niños son los que después, si no tienen un buen cuidado entre el nacimiento y los 3 años, tienen más dificultades en la escuela. Cuando no hay una oferta adecuada de desarrollo infantil, los hermanitos más grandes muchas veces tienen que cuidar a los más chicos. Es decir, se produce una situación indeseada de trabajo infantil intrahogar. Entonces, para nosotros es estratégico en la política social, y particularmente de infancia, avanzar, durante los 4 años de gestión, en mejorar la oferta. Incluso en poco tiempo vamos a estar haciendo anuncios importantes en este sentido.

¿Cómo impacto la AUH en el trabajo de la SENNAF?

La AUH tuvo un impacto muy fuerte en todas las áreas de atención de niñas, niños y adolescente. Esta medida hizo que prácticamente dejemos de atender algunas carencias muy básicas y nos permite un trabajo de mayor calidad, sobre todo en las provincias del NEA y NOA y los conurbanos de las grandes ciudades, en donde se encuentran las situaciones de pobreza más acuciantes. Las áreas de infancia trabajaban con familias en extrema precariedad. Si bien hoy sigue habiendo dificultades, trabajamos sobre un piso más alto desde la Asignacion. Es muy difícil encontrar hoy, en Argentina, grupos sociales extendidos con problemas alimentarios, por ejemplo. En virtud de esta medida hoy estamos preocupados por la vivienda, el acceso a servicios públicos, de cloacas, de que los chicos participen activamente de la escuela, que la escuela sea una escuela amable e inclusiva -y no una escuela expulsiva-, y, también, en otras temáticas como la prevención de la violencia contra los niños y las mujeres. Por eso, la implementación de la AUH, que es el programa social más importante de América Latina, fue fundamental.

La SENNAF también está a cargo de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo?

La ley que crea la SENNAF es la 26.061, pero el decreto reglamentario le sumó algunas competencias a las que preveía la ley. La SENNAF no podría no ejercer las competencias impuestas por el Congreso Nacional, pero el ejecutivo puede agregarle competencias. Por su parte, el Consejo de Niñez, por la idea de abordaje integral de la familia, tenía la Dirección de Adultos Mayores. Es así que la SENNAF absorbió esa área. En este contexto, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores es un área que, mas allá de su tamaño, tiene una gran incidencia en la elaboración de cuestiones conceptuales y de políticas públicas. Su programa más reconocido es el de Cuidadores Domiciliarios que, en convenio con las provincias y universidades, ha permitido capacitar a más de 22.000 cuidadores domiciliarios. Este programa es muy importante porque se trata de una modalidad de intervención de gran impacto en aquellos adultos mayores que viven solos o alejados de sus familias y que para evitar su internación necesitan de algún tipo de servicio de acompañamiento. Además, este programa ha hecho que buena parte de las obras sociales, empiecen a tomar al servicio de cuidadores domiciliarios como prestación. Otra tarea muy importante es la de mejoramiento de la calidad de los hogares. Muchos adultos mayores en el país tienen que vivir en residencias o en hogares porque son muy dependientes, porque no tienen ningún tipo de contención familiar. Entonces, nosotros trabajamos para mejorar los estándares de atención en los hogares, para que la vida en un hogar no signifique vulneración de derechos. Claramente, una persona adulta mayor con un grado de dependencia que la llevó a un hogar está en una situación de desigualdad muy importante de poder en relación a quienes gestionan el hogar. Entonces, es muy importante que exista una serie de recaudos, de políticas, de recursos, para que reciban un trato digno, una adecuada alimentación, una adecuada atención sanitaria, que se los escuche, que participen. Tenemos 9 residencias que dependen directamente de la SENNAF e incluso son mixtas, porque ha desaparecido el modelo de intervención en un hogar que consideraba que las personas adultas mayores eran asexuadas y que debían vivir separados los hombres de las mujeres. Tenemos una política para esto, y la trabajamos con municipios, con provincias, con organizaciones. Transferimos capacitaciones y recursos para mejorar los hogares. Por otro lado, este año vamos por un objetivo muy ambicioso que es el de relevar en todo el país la cantidad de hogares o residencias que hay, cuántos adultos mayores, qué tipo de atención reciben, cuáles son las debilidades y sus fortalezas. Esto ya lo hemos hecho a partir de un modelo similar en temas de infancia en relación a los establecimientos de abordaje de los adolescentes infractores. Además, el 13 de junio de este año presentamos un estudio de similares características sobre niñas y niños sin cuidados parentales, aquellos que están en hogares o al cuidado de familias sustitutas no por cuestiones penales sino por otros problemas. Con un esquema similar, pero reconociendo las particularidades de cada situación, vamos a hacer un relevamiento nacional en relación con los adultos mayores. Por otro lado, también llevamos adelante el Programa de Prevención de la Discriminación, el Abuso y el Maltrato hacia los Adultos Mayores, tarea que podemos llevar adelante a través del Consejo Federal de Adultos Mayores, que incluye una red muy amplia de centros de jubilados y de ONGs de todo el país. En este sentido, en septiembre u octubre vamos a hacer una campaña nacional, con una activa participación de los centros de jubilados, contra la discriminación y el buen trato hacia los adultos mayores. Por último, nuestra Dirección está trabajando, tanto en un grupo de trabajo que se ha conformado a instancias nuestras en la OEA como en otro grupo de trabajo que se conformo a instancias de la Argentina en la ONU, para ver si logramos que se sancione una Convención Interamericana o una Convención Internacional de reconocimiento de los derechos de los adultos mayores. Existen las convenciones que reconocen los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas con discapacidad, pero no de los adultos mayores. Este es otro importante desafío para los próximos años.

¿Cuáles cree que son los principales desafíos para la SENNAF de cara a los próximos años teniendo en cuenta la profundización del modelo de desarrollo con inclusión?

Considero que un tema central, que no es de competencia exclusiva nuestra, es hacer lo posible para que en los próximos 3 o 4 años podamos erradicar la pobreza extrema y reducir todo lo que se pueda la pobreza en la infancia. Soñamos con un país en donde no haya niños pobres y, en este sentido, la SENNAF puede hacer un gran aporte articulando esfuerzos al interior de nuestro ministerio y con otras áreas del Estado.

Por otra parte, otro eje de trabajo que empezamos a priorizar este año y queremos seguir profundizando es el de sensibilizar y promover un mejor trato del mundo adulto para con las niñas, niños y adolescentes, en especial en las familias. Esto, a partir de promoción de buenas prácticas, normas, protocolos de intervención y de articulación con organizaciones, universidades y diferentes áreas del gobierno. El objetivo es reducir significativamente los niveles de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, que sean mejor considerados, más escuchados, que se puedan modificar algunas pautas culturales. Hemos avanzado mucho en diferentes sentidos, pero probablemente lo hayamos hecho más en mejorar las condiciones materiales de vida de las niñas, niños y adolescentes que en modificar algunas prácticas culturales. Estas, con el solo mejoramiento de las condiciones materiales no se modifican per se. Entonces, mucha infancia ha salido de la pobreza, mucha infancia se incluyo a la escuela, pero hay niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia -y no solo, ni mayoritariamente, en las clases humildes. Por eso todavía queda mucho por hacer.

En tercer lugar, además de trabajar para erradicar la pobreza y la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, queremos hacer mucho hincapié en la primera infancia. Para eso, la promoción y/o fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil, tal como lo explicaba anteriormente, juega un rol protagónico.

Por otro lado, un objetivo prioritario de la SENNAF es el de avanzar en el desarrollo de órganos administrativos de protección de derechos de chicos y chicas a nivel local. Estamos llevando adelante un relevamiento en este sentido y, a partir de este, buscamos modificar la realidad. Queremos saber cuántos municipios tienen áreas de infancia, cuántas de estas áreas están reconocidas por ley, qué facultades tienen, qué equipos, etc. A partir de este diagnóstico, el objetivo es lograr que se fortalezcan -o se generen, en los casos en donde no hay- las instituciones responsables de promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Otro eje central es sostener y profundizar las políticas orientadas a las y los adolescentes. En este sentido, tenemos un programa que se llama “Nuestro Lugar” que busca promover la participación de los adolescentes. De nuestro trabajo pudimos identificar que aparece una demanda muy fuerte para que se les de otro lugar -socialmente hablando. La mayoría de los chicos -de cualquier condición social- cuando les pedimos un diagnostico de qué es lo que más padecen como problema colectivo nos hablan de discriminación. Los chicos de 13, 14, 15, 16 y 17 años, en Argentina, se sienten discriminados, que no tienen los lugares que les gustaría tener, que no tienen la escucha que les gustaría tener, que el mundo adulto les teme y desconfía. Ahí hay mucho trabajo para hacer. Creemos que hay que ofrecerles oportunidades para que se puedan expresar y, además, hay que convocar al mundo adulto, tanto a las familias como a los docentes, los comunicadores, las autoridades gubernamentales, etc. Tal como lo explica Alessandro Baratta en uno de sus libros, en algún momento algunos especialistas plantearon que la democracia era muy buena para los niños en el sentido de reconocimientos de derechos. Pero luego, se le dio una vuelta de tuerca a esta afirmación. En realidad, los niños son muy buenos para la democracia. Una democracia en donde los chicos son considerados protagonistas -no solamente desde el punto de vista individual sino colectivo- es una democracia de otra calidad, una democracia con menos violencia, con menos desigualdad. Por eso nos parece que hay mucho para hacer con los adolescentes.

Si bien son muchos los temas que nos competen, en términos muy genéricos, esos son los ejes principales de trabajo, los trazos por los que camine la política en estos 4 años que tenemos por delante para profundizar el modelo de desarrollo con inclusión. Y en este sentido, aprovecho para invitar a los lectores a participar del V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia. El mismo se realizará del 15 al 19 de octubre en San Juan. Este congreso, que tuvo antecedentes en Barcelona y Puerto Rico, va a ser la confluencia de personalidades que trabajan los temas de niñez y adolescencia desde todas las vertientes -política pública, academia y desde las organizaciones- de los 5 continentes. Está garantizada la presencia de expertos y referentes de todos el mundo y entre ellos estarán la Ministra Alicia Kirchner y la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.