Operativos empresarios contra le ley antiminera
25 jul 2010 Notas semanales
Fuente: http://www.noalamina.org
Argentina – Córdoba Viernes 23 de julio de 2010
En Córdoba se verifica un escenario de presiones del sector empresarial minero y de geólogos de la C.N.E.A. ante el Tribunal Superior de Justicia, con el afán de declarar la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 9526 que establece la prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas. Asimismo, la empresa Barrick Gold distribuye cartillas de “prevención vial” en Villa Carlos Paz y por distintos medios pro-mineros, estatales y empresariales circula una supuesta declaración sin firmas que aviesamente se auto-titula “Declaración de las Universidades Nacionales en defensa de la actividad minera”. Por la trascendencia del tema, a continuación presentamos las principales razones que motivaron que el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (Resolución 1308, 15 de diciembre 2009), rechace de los fondos provenientes de la mega-minería, razones silenciadas por la casi totalidad de los medios de comunicación.
Por Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
22 de julio de 2010
Comunicado de Prensa
Unión de Asambleas Ciudadanas
Las principales razones por las que la UNC ha rechazado fondos provenientes de la mega-minería.
La mega-minería dominantemente transnacional en nuestro país está mostrando todo su poder para condicionar la democracia nacional y de las provincias. En el caso de Córdoba, hoy se verifica un escenario de presiones del sector empresarial minero y de geólogos de la C.N.E.A. ante el Tribunal Superior de Justicia, con el afán de declarar la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 9526 que, aprobada en setiembre de 2008, establece la prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, en todo el territorio provincial. Asimismo, se constata la presencia de la empresa Barrick Gold a través de cartillas de “prevención vial” en Villa Carlos Paz -próxima a la zona donde pretenden explotar uranio-; y la circulación de una supuesta declaración sin firmas que aviesamente se auto-titula “Declaración de las Universidades Nacionales en defensa de la actividad minera”, por distintos medios pro-mineros, estatales y empresariales.
Por la trascendencia del tema, a continuación presentamos las principales razones que motivaron por parte del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (Resolución 1308, 15 de diciembre 2009), el rechazo de los fondos provenientes de la mega-minería, razones silenciadas por la casi totalidad de los medios de comunicación.
Al inicio de ese texto -resultado de un extensísimo debate-, en lo relativo a “Visto”, se recuerda (…) “Que la Comisión de Vigilancia y Reglamento del HCS recibió a representantes de las asambleas, de las comunidades afectadas y a académicos e investigadores que también acercaron bibliografía específica y fundaron sus apreciaciones en estudios publicados respecto de los impactos negativos ambientales, sociales y económicos de los emprendimientos mineros en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 426/09 el H. Consejo Superior se hizo eco de la preocupación expresada por diferentes sectores y organismos acerca de las condiciones y consecuencias socioambientales de la explotación minera en distintos yacimientos en nuestro país, señalando expresamente en su Art. 2º su “convicción de que la agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben ceder frente al interés general de la sociedad argentina”;
Y así llegamos a lo que creemos fundamental que se de a difusión, y que toda la población sepa POR QUÉ nuestra Universidad pública se definió en contra de esta actividad. Son centrales los siguientes párrafos:
“CONSIDERANDO:
Que se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia mayoría de los informes recogidos por este cuerpo, que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades;
(…) La grave e irreversible destrucción de los ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua, la magnitud y peligrosidad de los insumos y efluentes, una profunda afectación de la flora, la fauna, el hábitat y el paisaje local, con la consecuente pérdida de biodiversidad y la degradación general de las condiciones socioambientales mínimas requeridas para las restantes actividades económicas, para la salud humana -tanto desde el punto de vista genético como de la generación de diversas patologías- y la reproducción de la vida en general;
Que este tipo de actividades produce por lo general un avasallamiento de las pautas culturales de la población local, lo que sumado a los daños ambientales empíricamente verificados, degradan la calidad de vida en las regiones afectadas;
Que la Constitución Nacional en su art. 41 primera parte establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.”; que al amparo de tal disposición se dicta la ley 25.675 (27/11/02), en la que se define en su Artículo 27 el daño ambiental;
Que el Estado Nacional al haber asumido el compromiso, como integrante de la comunidad internacional, de trabajar en pro de la protección del medio ambiente sano en cuanto indispensable para el desarrollo integral del ser humano y al haber reconocido en numerosos instrumentos internacionales y regionales (…)
Que la problemática socioambiental, no sólo involucra dimensiones económicas y técnicas, sino que implica fundamentalmente aspectos vinculados a los derechos humanos y el bienestar de las comunidades. En tal sentido el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales -Protocolo de San Salvador-, instrumento que suscribió nuestro país dándole en ese acto jerarquía constitucional, genera la responsabilidad ineludible de nuestro Estado Nacional de promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, para garantizar a toda persona su derecho a vivir en un medio ambiente sano (Art. 11, Protocolo de San Salvador);
Que la actividad de la minería metálica no tiene un alto impacto económico en relación a la generación de riqueza ni es alta su contribución al PBI;
Que la actividad minera se ha visto beneficiada, a lo largo de la década del noventa, por legislaciones (Ley 24.498; Ley 24.402; Ley 25.261; Ley 24.196) que permiten la libre transferencia de sus utilidades al exterior, la estabilidad fiscal por 30 años, la deducción en un 100% del pago del Impuesto a las Ganancias por inversiones en prospección, exploración, estudios de suelos, ensayos y otras actividades, la exención del pago del Impuesto a las Ganancias respecto de los derechos mineros y aportes de minas como capital social, el financiamiento y devolución del IVA para bienes de capital e inversiones en obras de infraestructura física, la exención al pago de la Ley de Sellos, la exención del pago de derechos por importación u otros tributos, por la introducción de bienes de capital, equipos, repuestos y accesorios, la exención al pago del Impuesto sobre los activos, los cheques, y los combustibles líquidos. Ello hace que el negocio de la minería reporte un escenario más que favorable para la inversión transnacional, tanto es así que la Secretaría de Minería de la Nación estima que el crecimiento acumulado de proyectos para el período 2003-2006 se sitúa por encima del 800%. Todas estas inversiones dirigidas hacia la extracción de oro y cobre y la mayoría son emprendimientos a cielo abierto con el impacto socioambiental ya mencionado.
Que esta situación requiere de una pronta modificación de la legislación que de prioridad al interés general de la sociedad argentina y no a los intereses del gran capital involucrado en los mega emprendimientos mineros, como así también requiere del estudio de instrumentos legales para responsabilizar a estas empresas respecto de los daños socioambientales pasados o futuros como consecuencia de su intervención;
Que las empresas mineras funcionan en Argentina con un contacto económico mínimo con su entorno, dado que los métodos actuales hacen que la extracción deoro del subsuelo no se inserte dentro de una cadena productiva amplia e integrada económicamente; corroborado esto por la propia Minera Alumbrera Ltd. al decir que: “El proyecto no promueve la participación activa de todos los sectores socio-económicos, especialmente los más desfavorecidos de la población ya que requiere de poca mano de obra, muy especializada”;
Que tampoco resultan ajenas a esta problemática, las prácticas del clientelismo de empresa practicado por Minera Alumbrera bajo el revestimiento ideológico de la denominada “minería socialmente responsable”, “responsabilidad social empresaria”, o “minería sustentable”, para acallar las voces críticas y provocar la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la libertad de opinión de las comunidades y judicializando la protesta social, tal como fuera denunciado por el Defensor del Pueblo de la Nación (Actuación Nº 2538/05) instando al Estado a ser “extremadamente cuidadoso para que el cumplimiento de las funciones que le son obligatorias y justifican su razón de ser, tales como la promoción de la educación, la salud y la preservación del ambiente, no se conviertan en un instrumento de ‘asistencialismo minero’…”;
Que por el corpus normativo de los años noventa -ingeniería técnica y jurídica plasmada en el código minero- el Estado se ha autoinhibido para disponer de su subsuelo; promoviendo el ingreso de la gran minería mundial en la Argentina bajo el paradigma neoliberal de explotación de los recursos naturales. En otras palabras, lasmejores condiciones posibles para las empresas involucradas y la menor injerencia posible del Estado y de la sociedad civil, que permite la apropiación de inversores extranjeros de algunos de los últimos recursos no renovables del país;
Que el gobierno nacional mantuvo los beneficios económico – impositivos de la década del 90 y que la legislación minera no ha tenido cambios en la actualidad, con el agravante del veto a leyes protectoras de la integridad del ambiente como la ley de glaciares, lo que resulta regresivo respecto de la protección del ambiente;
Que las causas y las fuentes de los problemas socioambientales se debieran atender en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir (derecho preventivo) y que la ausencia de información o certeza científica no debe ser motivo para la inacción frente a un peligro de daño grave o irreversible en el ambiente, en la salud o en la seguridad pública (derecho precautorio); y que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales debieran realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generacionespresentes y futuras (sustentabilidad);
Que Minera Alumbrera ha desarrollado, desarrolla y financia, con instituciones educativas de nivel primario, secundario e incluso universidades, actividades formativas y académicas que son utilizadas como instancias de legitimación de la empresa y de sus emprendimientos extractivos y que a través de estrategias de validación amparadas en la supuesta neutralidad del saber científico como variable asimétrica y vertical, se busca inhibir y/o controlar los conflictos y anular la legitimidad de derechos ciudadanos, desautorizando, desacreditando, y/o invisibilizando las resistencias al modelo de desarrollo que propugna;
Que la UNC mantiene un alto compromiso institucional en defensa del bien público y que debe estar al servicio de los derechos de los ciudadanos y nunca sujetos a intereses corporativos, y por lo tanto nuestro pronunciamiento público en este tema, la decisión que tomamos y las acciones concretas que de esta resolución se deriven, no están en ningún caso condicionadas por necesidades financieras;
Que es misión de nuestra Universidad consagrada en el artículo segundo de los Estatutos de la UNC: “d) promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los mismos; y e) proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución”-
Como podemos ver, se trata de uno de los análisis más profundos, comprometidos y socialmente integrales que se haya hecho en nuestro país sobre una actividad económica, y reiteramos: ha tenido mínimo reflejo en los medios de comunicación.
Además, en marzo de este año 2010, el cuerpo de consiliarios de la UNC manifestó, a través de una declaración, su solidaridad con los habitantes perjudicados por esa actividad económica, su total apoyo a sus reclamos reivindicatorios, en procura de la protección de su derecho a la vida; y también repudió la represión policial y criminalización de la protesta social ocurrida en la comunidad de Andalgalá, Catamarca.
En este sentido cabe recordar que numerosas manifestaciones, cortes de ruta, hechos de represión, detenciones, intimidaciones y otras situaciones relativas a conflictos mineros se viven regularmente en varias provincias del país. Este no es sólo un tema “ambiental”. Creemos que este documento y esta sólida actitud de nuestra Universidad deben tener amplia difusión, por el pleno ejercicio del derecho constitucional a la información pública.
UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS – UAC
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DOCENTES ENTRERRIANOS EN LUCHA
25 jul 2010 Notas semanales
Fuente:http://vozentrerriana.blogspot.com
El gobernador y el Ministro de Gobierno deben cambiar el gastado y mediocre chip con el que hablan en público sobre la educación entrerriana. Es inaceptable que al magro y ya desactualizado aumento salarial que los trabajadores le arrancamos este 2010 le sigan diciendo “el mejor aumento provincial con respecto a la paritaria nacional”.
Deben darse cuenta los gobernantes y funcionarios que ese discurso vacío repetido que nos quiere hacer comparar Guatemala con guatepeor no sólo que no va a ningún lado si no que genera más bronca en los trabajadores de la educación.
El Ministro de Gobierno cree absurdamente que hablándonos casi como un secretario adjunto de la CTERA oficialista va a modificar las convicciones de lucha de los docentes entrerrianos. Somos trabajadores entrerrianos y desde febrero que hemos dicho claramente que eran insatisfactorios e insuficientes los acuerdos nacionales firmados a puertas cerradas entre amigos del poder en Bs. As., como así también las propuestas provinciales periféricas a esos acuerdos.
La docencia entrerriana está de paro y movilización. Las asambleas docentes a partir de este viernes y el congreso gremial van a decidir soberana y democráticamente cómo continúa la lucha por una revalorización de la tarea educativa. El movimiento docente no acepta chicanas, ni persecuciones ni más dilaciones: tampoco se nos va a amedrentar con la operación amenazadora de la “conciliación obligatoria”. Para nosotros, no hay conciliación posible con el ajuste, el empobrecimiento, la persecución y la hipocresía.
Tampoco conciliamos con la idea procesista -absolutamente antidemocrática- de que día de lucha, día de huelga legítima y legal es “día no trabajado y descontado”. Retenerles haberes ilegalmente a un trabajador en lucha por mejorar las condiciones laborales y vitales es un robo, y el docente tiene derecho a solicitar por escrito quién da la orden de descontarle y robarle injustamente parte de su sueldo, para realizar la denuncia legal correspondiente.
Mauricio Castaldo
Sec. Gral. de Agmer M. Grande y Congresal de la Entidad
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EXPULSIÓN DEL COMPAÑERO CHILENO ALISTES
25 jul 2010 Notas semanales
Fuente :Agencia Rodolfo Walsh
El Gobierno Argentino volvió a poner a un luchador en manos de sus torturadores
(AW) El Gobierno Argentino y Chileno maniobraron ilegalmente el secuestro y entrega a sus torturadores, del militante Juan Manuel Aliste Vega, requerido por un tribunal militar en Chile. Ambos gobiernos haciendo honor la ley antiterrorista, la misma que condena a nuestros hermanos Mapuches, y a todos los luchadores populares, siendo una clara herramienta de persecución de la protesta social y política, acordaron la entrega del compañero durante la noche, pisoteando todos los tratados y acuerdos internacionales vigentes.
Buenos Aires, Jueves 22 de Julio de 2010 (Agencia Walsh)
Mira Cristina que popular, los 6 compañeros Paraguayos, los dos cumpas chilenos Freddy y Marcelo, La Galle, Martino, El Negro, Villalba, Bertha González, más de 5000 luchadores procesados, y ahora Juan Aliste Vega.
En dictadura o en democracia, el aparato represivo avanza sostenido por los que jamás permitirán que sus privilegios sean cuestionados.
Comunicado de Prensa de CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)
“Los Derechos Humanos son los derechos que tienen los pueblos a hacer la revolución” (León “Toto” Zimerman)
EXPULSARON ILEGALMENTE A JUAN ALISTE VEGA
En las primeras horas de esta madrugada mediante un operativo de virtual secuestro llevado a cabo por el gobierno argentino, fue expulsado ilegalmente del país el militante chileno Juan Manuel Aliste Vega, requerido por un tribunal militar del país vecino,
Aliste Vega fue detenido el pasado 9 de julio por una orden internacional de captura en virtud de aplicársele la ley antiterrorista chilena, la misma con la que se persigue al pueblo mapuche y a todos los luchadores populares del país trasandino. Esta ley que data de la dictadura pinochetista prevé que los acusados sean juzgados por tribunales militares y por el Código de Justicia Militar. Esto convierte en una farsa el derecho de defensa, ya que los militantes populares acusados por estos tribunales son condenados a penas muy severas sin acreditar fehacientemente hecho alguno y considerando “terroristas” acciones enmarcadas en la protesta social. Estos mismos tribunales entienden también en los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, y en la práctica no hay casi condenas por estos hechos o si las hay las sanciones son ridículas.
Debe destacarse que el compañero estuvo detenido en las cárceles de Chile, ya en el período constitucional, por hechos ocurridos en el marco de la resistencia contra la dictadura de Pinochet y durante su cautiverio fue salvajemente torturado por las fuerzas de seguridad chilenas. En este contexto, Juan Manuel Aliste Vega decidió no entregarse a la justicia militar chilena debido a que en su país no se encuentra garantizado su derecho de defensa, y corría serio riesgo de ser torturado o asesinado.
Luego de su detención en la Ciudad de Buenos Aires, CADeP asumió la defensa del compañero Aliste Vega. Por una parte se encontraba en trámite un juicio de extradición que tramitaba en el Juzgado Federal nº 2 de Lomas de Zamora (causa nº 1390), donde se había intimado al gobierno chileno a que acompañe la orden formal de extradición y la documentación correspondiente. Por otra parte existía una orden de expulsión decretada por la Dirección General de Migraciones (expediente nº 94947-2010), dictada sin siquiera haber escuchado a Aliste Vega, por el simple hecho de no tener registrado su ingreso al país. Esta orden de expulsión fue apelada por la defensa de CADeP y estaba pendiente de resolución por parte del Ministro del Interior, sin perjuicio de lo cual se podía volver a apelar ante la instancia judicial.
En esta situación, violando el procedimiento legal previsto -en función de una decisión estrictamente política- , existió una maniobra urdida entre el gobierno chileno (cuyo presidente había exigido a Cristina Kirchner la expulsión inmediata de Aliste Vega) y el gobierno argentino. Esa maniobra consistió en que el Tribunal Militar chileno desistió de la solicitud de extradición ayer a la noche (fuera del horario judicial y por fax), al mismo tiempo que el Ministerio del Interior confirmaba la expulsión, en una muestra de que para la represión coordinada y sistematizada entre los Estados para con los pueblos no hay horarios ni legalidad alguna. Dicha decisión, que todavía podía ser apelada por la defensa, ni siquiera fue notificada y de manera groseramente ilegal, violando la legislación nacional e internacional, se procedió al secuestro de Aliste Vega para entregarlo a los agentes chilenos que, claro está, ya se encontraban en el país esperándolo con un avión de la Fuerza Aérea Chilena.
El propio diario chileno de derecha “El Mercurio” señala en su publicación del día de la fecha (22/07/10) que se trató de una operación política coordinada entre funcionarios de ambos Estados con la finalidad de eludir el juicio de extradición y negar el derecho que le asistía a Aliste Vega de defenderse ante la resolución por la que se confirma la expulsión y lograr así enviarlo a Chile entre gallos y medianoche.
Así las cosas, el gobierno de Cristina Kirchner que se autoproclama defensor de los derechos humanos, el mismo que reprime y encarcela a los luchadores, el mismo que dicta la ley antiterrorista para criminalizar las luchas, es el que -ahora también- en contradicción con la legislación nacional y los Tratados Internacionales, expulsa mediante una maniobra oscura e ilegal al compañero Juan Manuel Aliste Vega. En definitiva, esto no es más que una muestra clara de la continuidad en la coordinación represiva ilegal por parte de los estados para con los militantes -esta vez matizada y con rasgos de institucionalidad-, pero con el sentido propio de las dictaduras en el Cono Sur.
Pues, resulta que Juan Manuel Aliste Vega, quien fuera salvajemente torturado estando detenido por el Estado Chileno, será enjuiciado por un tribunal militar, prohibido e inconstitucional en Argentina. Diversos organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han tenido por probada la aplicación sistemática de torturas a los presos políticos chilenos y han entendido que resulta ilegal y contrario al Pacto de San José de Costa Rica el juzgamiento de civiles por tribunales militares. En este contexto de ilegalidad se lleva adelante esta gravísima maniobra, evidentemente para eludir el juicio de extradición (donde se discutiría todo esto) y evitar que Aliste Vega sea defendido y rodeado de solidaridad de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos en Argentina.
Finalmente, esto demuestra que aún cuando la legislación y el accionar de las instituciones están hechas a la medida de la protesta y la lucha social, los Estados no dudan en violar las leyes que ellos mismos crean. Esto es una muestra más de que el único camino sigue siendo la lucha, con unidad y organización.
Además de las acciones y denuncias que llevemos adelante por lo sucedido, hacemos directamente responsable al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de esta grosera maniobra ilegal y de la seguridad y la vida de Juan Manuel Aliste Vega, ahora en manos del Estado Chileno. Nuestro repudio más enérgico a este vil accionar de los Estados y nuestra más profunda solidaridad con el compañero Aliste Vega y su familia.
REPUDIAMOS ENÉRGICAMENTE LA EXPULSIÓN ILEGAL DE ALISTE VEGA!!
Para contactarnos: CADeP se reúne todos los martes a las 20 horas en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Corrientes 1785 2º “C.
CFK – Garré – Barañao – Manzur
24 jul 2010 Notas semanales
Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología
Para incorporar a su mail de la lista de difusión, o comunicarse con el Grupo, enviar mail a [email protected]
Gacetillas anteriores ver en: www.grupogestionpoliticas.blogspot.com.
Introducción
Meses atrás la Presidenta de la Nación tomó decisiones concretas acerca de la Producción Pública de Medicamentos (PPM), puntualmente en el Instituto Biológico de La Plata.
Recientemente, y en línea con esa decisión, hizo manifestaciones públicas muy claras sobre el mismo tema. Veamos.
Cristina Fernández de Kirchner
El martes 6 de julio de 2010, durante la cena de camaradería de las FFAA, la Presidenta de la Nación dijo:
“Creo que debemos darnos, junto con el ministerio de Salud, una política dentro de nuestro país que también con planificación podamos nuevamente interactuar entre la sociedad y nuestras Fuerzas Armadas, no solamente en cuestiones que tengan que ver con emergencias, sino también como una parte de la planificación sanitaria que pueda alcanzar a todo los rincones del país y poder ayudar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Ello sin perjuicio de lo que estuve charlando ayer con el ministro de Salud, la ministra de Defensa y el ministro de Ciencia y Tecnología; en los próximos planes que Ciencia y Tecnología debe desarrollar en materia de elaboración de medicamentos y también en la necesidad de ocupar nuestras Fuerzas Armadas, espacios físicos concretos en todo lo que desarrolle Ciencia y Tecnología como un brazo muy importante de este sector, que se vincula también, obviamente, a cuestiones de defensa, como las que ya se está llevando adelante en el sector de Planificación Federal, en el INVAP, en CONAE, en fin”.
“Y quiero volver a reconstruir eso que alguna vez fuimos. Cuando alguien decía el otro día que fuimos uno de los primeros cinco países en el mundo en construir un avión a reacción y luego hoy tenemos que comprar aviones afuera y por allí a países que ni siquiera tenían este tipo de emprendimientos cuando nosotros estábamos haciendo esta cosas en la República Argentina, me lleva a pensar, pero fundamentalmente más que a pensar a decidir, que tenemos que encarar precisamente en este Bicentenario una nueva planificación, un nuevo desarrollo estratégico conjunto en el cual nuestras Fuerzas Armadas estén, reitero, incorporadas en estas áreas estratégicas”.
Discurso completo en: http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7381
Esto se vio reflejado en algunos medios:
“Detrás de un estrado y antes de habilitar el brindis, la Presidenta destacó que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está trabajando junto con el laboratorio de las Fuerzas Armadas para fabricar medicamentos. El abastecimiento de las necesidades de cada fuerza es la prioridad fijada antes de ampliar la oferta al resto de los hospitales públicos”.
Nota completa en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-149022-2010-07-07.html
Antecedentes cercanos
Cristina Fernández de Kirchner ya había dado señales claras sobre la PPM cuando -el 27/04/10- visitó el Instituto Biológico de La Plata para reinaugurar la planta de PPM, que había sido desmantelada.
En esa ocasión, la Presidenta entregó un subsidio por 3.300.000 pesos para la creación de una planta productora de sueros terapéuticos y para el acondicionamiento de la nueva planta de medicamentos según la normativa establecida por la ANMAT. Además, manifestó que las obras estarán concluidas a principio de 2011.
Esa planta permitirá producir 120 millones de comprimidos anuales, de 23 especialidades medicinales diferentes, que serán destinadas a Hospitales Públicos, Centros de Atención Primaria de la Salud y otros programas, según destacó el ministro de Salud de la Provincia, Dr Alejandro Collia.
Un estudio del Instituto Biológico y la Dirección de Patologías Prevalentes del Ministerio de Salud provincial sobre medicamentos contra la hipertensión arterial para diabéticos sin cobertura social, demostró que si el Estado compra esos medicamentos en el mercado requiere una erogación de 6 millones de pesos. Sin embargo, si la producción se hiciera en el Instituto Biológico requiere sólo de 1 millón de pesos. Es sólo un ejemplo, pero vale recordarlo.
Ver en: http://blog1.ms.gba.gov.ar/prensa/?p=2144.
Nilda Garré
La Presidenta de la Nación también destacó la participación de la ministra de Defensa Nilda Garré en ese proyecto para producir medicamentos, junto a los Ministros de Salud y de CyT. Aunque reconforta no nos sorprende, porque la Dra Garré siempre fue coherente entre lo que dijo y lo que hace.
Así, recordamos que el 05/11/09 recibimos un informe del Ministerio de Defensa en donde se definía la posición de la Ministra sobre la PPM. Los aspectos más relevantes de ese informe fueron los siguientes:
1.- Elaboraron un Proyecto de Ley para la creación de una Sociedad de Estado entre los Ministerios de Defensa y de Salud para la PPM.
2.- El 27/05/09 se firmó un acuerdo con el Ministerio de Salud en presencia y en el despacho de la Presidenta de la Nación, para crear un Laboratorio de PPM sobre la base del Laboratorio de Sanidad Conjunta del Ministerio de Defensa, que consta de dos plantas: CASEROS y PALOMAR, ambas habilitadas por la ANMAT para producir una serie de medicamentos.
3.- Un informe técnico del Ministerio de Defensa consideró factible el proyecto que podría abastecer tanto a la Sanidad Militar como a los programas que demanda el Ministerio de Salud.
4.- El Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa envió el Proyecto a la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación y luego al Ministerio de Salud. Desde el 13/08/09 el proyecto se encuentra en el Ministerio de Salud para su consideración.
5.- El informe también recordaba que por Resolución Nº 138 del 2008 del Ministerio de Defensa, el Laboratorio de Sanidad Conjunta se integró a la “Red Nacional de Laboratorios Públicos” (RELAP).
6.- También menciona que tiene el firme deseo que este proyecto se materialice, ya que significaría un profundo avance en la PPM con el consiguiente ahorro y beneficio para un significativo segmento de la población.
7.- Además, desde el Ministerio de Defensa nos enviaron una copia del Acuerdo Específico entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud sobre la creación de la planta de PPM.
Lino Barañao
Según lo manifestado por la Presidenta de la Nación en esa cena de camaradería de las FFAA, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr Lino Barañao, ahora será un actor con una participación activa en el proyecto de PPM. Eso se desprende de lo que dijo: “estuve charlando ayer con el ministro de Salud, la ministra de Defensa y el ministro de Ciencia y Tecnología; en los próximos planes que Ciencia y Tecnología debe desarrollar en materia de elaboración de medicamentos”.
La señal de la Presidenta es contundente. Veremos cómo se desarrolla.
Juan Manzur
Como expresamos en otras gacetillas, no sabemos por qué el ministro de Salud Juan Manzur no continuó con el proyecto de PPM iniciado por la ex ministra Graciela Ocaña. Recordemos que en el marco de la Resol. 286/2008, en pocos meses y a través de un convenio con los laboratorios públicos de Santa Fe (LIF), San Luis (Laboratorios Puntanos), Rosario (LEM) y Formosa (LAFORMED), se produjeron 40 millones de comprimidos (antibióticos, hipoglucemiantes, analgésicos) para el Plan Remediar. Esto fue discontinuado en la gestión del Dr Manzur.
Ahora, luego de las directivas precisas de la Presidenta de a Nación, sería muy importante que el ministro Manzur reconsidere o revea su decisión inicial y, en conjunto con la ministra Garré y el ministro Barañao, pueda liderar ese proyecto estratégico.
Para ello, sería conveniente que los tres Ministros se pongan en contacto con la Red Nacional de Laboratorios de PPM (RELAP), como una forma de integrar esfuerzos en función de un objetivo común.
Recordamos que la RELAP está constituida por alrededor de 25 laboratorios de PPM con la propuesta de producir y hacer I+D a través de convenios con universidades y organismos de CyT en un proyecto que, como sabemos, cuenta con el soporte tecnológico del INTI.
Reflexiones
Luego de los importantes anuncios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en la medida de nuestras posibilidades, seguiremos la evolución de los acontecimientos.
Porque, de llevarse a cabo ese proyecto, sería un salto cualitativo en cuanto a la utilización social del conocimiento, un aspecto fundamental no suficientemente valorado y que podría ser el principio para empezar a resolver necesidades sociales impostergables en el área de Salud.
Además, el desarrollo de ese proyecto sería una manera de generar vinculación entre distintos ámbitos de CyT sobre bases genuinas y sustentables. Con el valor agregado de que actuando sobre nuestras propias necesidades se podría recomponer la fragmentación institucional existente, un problema estructural que impide encarar emprendimientos interdisciplinarios.
Finalmente, esto permitiría revalorizar al sector CyT por su contribución a la solución de problemáticas sociales.
Cordialmente: Grupo de Gestión (www.saic.org.ar , difusión, política científica, propuesta de políticas en CyT) Alonso-Romanowski S – Cid JA – Cravero C – De Filippo J – De Sousa Frade S – Estébanez ME – Fiamberti H – Fossati CA – Franchi AM – Furnari JC – García AP – Ghilarducci A – Giordano M – Gubertini MT – Hermida EB – Herrera M – Ielpi L – Iriondo M – Isturiz MA – Jasnis MA – Lamberti Y – Landoni MF- Lemos DR – Manghi M – Massarini A – Milana JP – Nonzioli AC – Otero AM – Palermo M – Pérez O – Poderti A – Ravelo A – Rearte B – Recavarren MI – Rietti S – Rivero S – Rofman A – Sabbatini ME – Sasiain MC – Schattner M – Yantorno O.
Este texto se difunde a: Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete, Ministerios de Educación, Salud, Defensa, Cancillería, Ciencia y Tecnología, Ministerios de Salud Provinciales, ANMAT, Diputados y Senadores Nacionales, Legisladores y Funcionarios Provinciales y C.A.B.A., Academias Nacionales, Instituciones del Sector CyT (INTA, INTI, CNEA, CONICET, SEGEMAR, CONAE, CITEFA, INIDEP, SENASA, INA, ANLIS-Malbrán, UTN), Facultades de Universidades Nacionales, ONG, Laboratorios de PPM, etc).
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Tags: CFK, Ciencia, ciencia argentina noticias, LINO BARAÑAO, manzur, NILDA GARRÉ, PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS, Tecnología
DE IDEAS, MICROBIOS E HISTORIAS DE LOS PUEBLOS
24 jul 2010 Notas semanales
“Nada grande se puede hacer con la tristeza. Desde la ciencia al deporte, desde la creación de la riqueza a la moral patriótica, el tono está dado por el optimismo o por el pesimismo. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en las disputas económicas… Por eso, venimos a combatir alegremente. Seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores, a corto o a largo plazo”.
Arturo Jauretche
Por Norberto Galasso
Raúl Scalabrini Ortiz afirmaba, en uno de sus ensayos, que las ideas son como los microbios porque se van metiendo en el organismo sin ser advertidos y un día resulta que el ser humano percibe de improviso los cambios que se han producido en su organismo. Algo semejante ocurre en la historia de los pueblos que a veces se lo ha simbolizado como el agua que se va infiltrando por los rincones más recónditos hasta que llega la inundación. Si queremos adornar esto con el fragmento de un poema proveniente de Europa -para que no se nos siga llamando “barbarie”- podríamos recordar: “El agua va cayendo gota a gota / y la espléndida flor marchita veis/ aunque nadie lo sabe ni lo nota/ roto el búcaro está: no lo toquéis”. Subrepticiamente, sin que nadie lo advierta, la historia empieza a tomar una dirección distinta y un día, las ilusiones del sistema dependiente y oligárquico -en este caso, el florero exquisito al que alude el poema- aparece roto: la rajadura se ha ampliado, el agua se ha escurrido y la flor de la ilusión restauradora comienza a marchitarse.
Durante largos meses, los intelectuales consagrados, los medios de comunicación monopolizados, los dirigentes políticos de vieja data a quienes se supondría cierta experiencia y agudeza, lanzaron los peores diagnósticos sobre las posibilidades de nuestro pueblo: todo estaba crispado, la inseguridad predominaba aquí y allá, ya no se podía vivir, el tejido social estaba roto en mil pedazos, la inflación, desbordada, la tristeza, cundía en todos los ámbitos. Respecto a los gobernantes sólo se los quería echar o aún más, matar como sostuvo la pitonisa de la Coalición Cívica.
Durante meses, amplios sectores populares escucharon esta letanía fúnebre, esta perorata derrotista, la autodenigración llevada a límites extremos: “si fuéramos un país en serio”, “estamos en manos de un banda”, “todos hacen caja para los Kirchner”, “los argentinos no tenemos remedio”. Parecía inclusive que en amplios sectores sociales había aquiescencia a semejante discurso aunque se sabía que alguna gente hacía zapping para no ver más ciertos programas televisivos y que otros, más audaces, después de décadas de rutina periodística, habían dejado de comprar el diario tradicional. Pero, por otro lado, decían los agoreros, que después de las últimas elecciones, un ciclo quedaba atrás, que era preciso hablar de poskirchnerismo, que el agotamiento era total, que volverían muy pronto los “hombres sabios y honestos” esos que si bien alguna vez ametrallaron al pueblo o entregaron el país, ahora debían resurgir como solución frente a la degradación de los gobiernos pingüinos.
Pero de repente, por esa cuestión que los filósofos llaman acumulación de cantidad que se convierte en salto de calidad -en el viejo lenguaje del tango, “el chamuyo” se convierte en el primer beso- las mayorías populares se echan a andar ¿en cientos?, ¿en miles?, no, en millones. Y ganan las calles y se quedan varios días, alegres, cantando, vivando a la Patria, contentos de leer una frase de José Martí, otra de Manuel Ugarte y otra de José de San Martín, entusiasmados con el recorrido de una historia tan plagada de sacrificios y luchas, con mucho luto a veces pero también con mucho júbilo otras tantas.
Nadie lo había previsto, ni los más furiosos opositores, ni siquiera el oficialismo, pero el cúmulo de experiencias, especialmente las producidas en los últimos meses -desde el fútbol para todos, en adelante- estalló en las calles, no con mera espectación o presencia pasiva, sino con vocación de protagonismo, como aquel subsuelo de la patria, del que también hablaba Scalabrini, que es ignorado por las minorías pero que está ahí, siempre, preparado para aparecer y dar el presente cuando hace falta.
Ello ha ocurrido en nuestro país en los festejos del Bicentenario. Una multitud ganó las calles céntricas, por sí sola, sin choripanes, ni colectivos alquilados, sin rencores y sin injurias, sin ningún incidente. Y los representantes de los pueblos hermanos en la Patria Grande, caminaron junto a nuestra presidenta, en medio del público, sin la más mínima molestia, en plenitud democrática, festejando el cumpleaños de la Argentina y también de la Patria Grande hacia la cual caminamos indefectiblemente.
Este suceso llegó fuerte a los corazones y es preciso comentarlo desde el afecto y la alegría, aunque, como aconsejan los revolucionarios, a la calidez del corazón hay que agregar la frialdad del Pensamiento.
No eran todos kirchneristas por supuesto, los que estaban allí, pero también es cierto que no habrían concurrido a este acto enorme y jubiloso bajo los gobiernos que sufrimos en las últimas tres décadas. Intuitivamente, era el reconocimiento de que el UNSAUR continuaba la política de San Martín, Simón Bolívar, José Gervasio Artigas y Mariano Moreno, que la vieja historia se nos venía encima y recomenzábamos la revolución inconclusa. Del mismo modo que los juicios a los represores actualizaban la destrucción de los instrumentos de tortura sancionada por la Asamblea del año XIII.
Promisoria perspectiva la nuestra, pletórica de abrazos y risas, de utopías renovadas. Pero, si quedara alguna duda del momento histórico que viven nuestros pueblos, bastaría con analizar lo que piensa el enemigo: “Los kirchneristas radicalizan su gobierno”, titula Eduardo van der Koy, en Clarín (20de junio de 2010), “La situación se vuelve inquietante”, sostiene, a su vez, Jorge Fernández Díaz (La Nación, 29/5/2010) y el teórico máximo de la derecha -Mariano Grondona- en sus dos últimos programas ha reiterado: “Me estoy poniendo nervioso, muy nervioso”.
Sigamos adelante y celebremos la clarividencia de estos representantes de la reacción.
Lo que significa esta ley de glaciares
21 jul 2010 Notas semanales
Argentina-Cuestiones ambientales y mineras.
Fuente:www.noalamina.org
En principio, vemos los resultados como un triunfo del pueblo y de las comunidades organizadas en asambleas a lo largo y ancho del país. No hubo legislador que, defendiendo el proyecto de ley en el fragor del debate en el recinto parlamentario, no hiciera referencia a las asambleas y a la unión de estas, a los foros, concentraciones y movilizaciones que permitieron instalar la discusión sobre las invasiones mineras, los métodos extractivos contaminantes y el despojo lacerante de cuanto recurso natural hay en nuestros territorios, en realidad bienes comunes.
Por Javier Rodríguez Pardo
EL POR QUÉ DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE GLACIARES
¿Protego encubre una actividad extractiva perversa?
Antecedentes
Hemos conseguido una ley de protección de glaciares, impensada hasta ayer. La ley de la entonces diputada Marta Maffei, que había sido vetada por la presidente de la nación, Cristina Kirchner, reingresó al recinto de los debates parlamentarios de la mano del diputado Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, en tanto bloques opositores al oficialismo, formados con el ingreso de nuevos legisladores en diciembre de 2009, le quitaron mayoría en la cámara baja al partido gobernante.
En este marco hubo dos proyectos de ley: el encomendado por la presidente Fernández de Kichner al senador Daniel Filmus y el “clonado” por el diputado Miguel Bonasso, sostenidos ambos por el texto de la diputada mandato cumplido Marta Maffei. Los dos eran semejantes y coincidían en esgrimir presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, aunque uno de ellos deslizaba conceptos sutiles que los enfrentaba. En el del senador, el ambiente periglacial era únicamente el glaciar de escombros y reducía considerablemente el área crítica a proteger que defendía el texto de los diputados.
De pronto, de manera sorpresiva, un par de días antes de la discusión en el recinto del Congreso, las partes se reúnen y el proyecto del poder ejecutivo es incorporado al que había sido vetado por la presidente de la nación, aún mejorado en cuanto a objeto, definiciones, actividades prohibidas, evaluación de impacto ambiental, autoridades competentes, funciones y disposición transitoria.
Resultaba insólito para muchos de nosotros que, reunidos con los diputados, analizábamos la novedosa maniobra del gobierno. ¿Nueva estrategia para evitar la discusión minera?
En principio, vemos los resultados como un triunfo del pueblo y de las comunidades organizadas en asambleas a lo largo y ancho del país. No hubo legislador que, defendiendo el proyecto de ley en el fragor del debate en el recinto parlamentario, no hiciera referencia a las asambleas y a la unión de estas, a los foros, concentraciones y movilizaciones que permitieron instalar la discusión sobre las invasiones mineras, los métodos extractivos contaminantes y el despojo lacerante de cuanto recurso natural hay en nuestros territorios, en realidad bienes comunes. Vemos entonces la ulterior vigencia de esta ley como un triunfo resonante del campo popular. La cuestión de la mega minería hidroquímica a cielo abierto se instaló en todo el país.
La ley y sus actores
Podemos dar por sancionada la ley en tanto el congresista Daniel Filmus confirmó que será apoyada por el senado nacional, y allí el oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria. Al mismo tiempo el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, anunciaba la decisión de la presidente de la nación de no vetar la nueva ley sea cual fuere la remitida por el Congreso.
Ahora bien, ¿cómo debemos interpretar esto, qué conclusión sacamos de esta cronología política a poco del almuerzo que la presidente de la nación sostuvo con el mentor de la corporación minera Barrick Gold en Toronto?
¡Los acuerdos de Toronto! ¿Cómo explicar la abroquelada sociedad que este conjunto de partes interesadas mantiene con el gobernador sanjuanino José Luis Gioja? ¿Cómo se interpreta el discurso de la presidente en China, ofreciendo generosamente la minería, territorios y yacimientos?
Nuestra respuesta es la de siempre. Quien ésto escribe ha dicho en reiteradas ocasiones que es preferible no contar con ley alguna, a disponer de aquella que legitimará operar en la Cordillera de los Andes -ecosistema frágil y fábrica de nuestras aguas- a industrias como la extractiva a cielo abierto con compuestos tóxicos.
Algunos pensamos que la mejor ley de protección de glaciares, cualquiera sea, no resuelve el impacto nocivo de la minería, la destrucción del ecosistema donde opera a través de sus distintas etapas de prospección, exploración o explotación. Alcanza con no pecar de ignorancia y repasar cada una de las etapas de esta minería, el método extractivo, los volúmenes de agua que requiere, el funcionamientos de equipos pesados, orugas gigantescas sobre cuerpos congelados, sondajes y muestreo de suelos, sondajes de aguas subterráneas, de prospección minera, pozos para desagüe minero, para geoenergía, exploración de recursos sobre las áreas que se pretende proteger. Son todas circunstancias previas a la propia explotación minera donde el impacto será aún mayor.
Para esta minería no hay controles. No hay posibilidad de vigilancias eficaces.
Este tipo de minería, en el ecosistema que se intenta proteger, no es sostenible en el tiempo y legislar sobre el particular, tal el caso presente, puede permitir legalizar la intervención de glaciares, del ambiente periglacial y cuerpos de hielo.
El agua
Sabemos que mientras escribimos estas líneas se están derritiendo glaciares para lixiviar minerales del lado chileno, según confesión de senadores y autoridades de ese país, donde el cobre -de baja ley mineral, agotándose- recibe más atenciones que el agua, escasa y ausente en muchísimos sitios de la puna mineral. Sin agua, no hay minerales e, inexorablemente, al promediar este siglo estas regiones no tendrán ni una cosa ni la otra.
Pretender el traslado del líquido potable, de pozos salteños de Argentina hacia La Escondida de Antofagasta, en Chile, con dos acueductos de 3.000 litros de agua por segundo, cada uno, ratifica lo que advertimos aquí: “Nosotros -dijo el congresista trasandino- no podemos sancionar la ley que ustedes pretenden…Tenemos que derretir masa glaciar para obtener el cobre…”
Razonar sobre esto es inevitable. ¿Acaso los gobiernos extractivistas de Argentina, cámaras mineras, empresas transnacionales, renuncian a operar del lado argentino, aceptando el rigor de esta inminente ley?
Creemos que los posibles litigios rondarán interpretaciones legales según les convenga. Y seguramente abundarán en las secretarías de minería provinciales, que son la autoridad de aplicación de la actividad minera, evaluaciones permisivas de los informes de impacto ambiental, admitiendo la intervención en las áreas prohibidas, pero autorizando a tal o cual empresa con la sentencia de que su actividad “no afecta la condición natural del glaciar”, ni el deambular por él “implica su destrucción”, tampoco moverlo del lugar, porque para utilizar el agua que lo contiene no se requiere “trasladarlo ni interferir en su avance”: rezarán los informes de las mineras.
Imaginamos entonces un diálogo posible entre un funcionario decente (con esta ley en la mano) y un gerente minero:
-Señor, Ud. está destruyendo “ese cuerpo protegido”
-De ninguna manera. Tomamos nieve suficiente sin afectar “su condición natural”. No se me prohíbe intervenirlo; en realidad “no destruyo la condición natural del cuerpo protegido”.
-Pero hizo sondajes.
-Sí, claro, en lugares donde no altero su condición natural…Tampoco lo trasladamos de lugar…No interferimos en su avance”.
En fin, cosas que habrá que probar, porque estas discusiones legales se repetirán en provincias acostumbradas a conformar evaluaciones de impacto ambiental abusivas e injustas.
En otras palabras, mientras la autoridad de aplicación se halle en manos de los gobiernos provinciales, los Gioja, Beder Herrera o Castillo rubricarán los informes de impacto ambiental presentados por las empresas, aprobando sus labores mineras. ¿Acaso no multó la provincia de San Juan a Barrick Gold por derrame de combustibles en áreas a proteger, en plena reserva de biosfera de San Guillermo, condenando a la canadiense con 250.000 pesos, que nunca pagó?. Recordemos que es como el día y la noche, el informe de impacto ambiental aprobado para iniciar la actividad y la finalización de la explotación minera.
De modo que nos esperan otros objetivos urgentes. Reemplazar las leyes mineras vigentes, el código de minería y atacar decididamente el tratado binacional minero de implementación conjunta chileno-argentino. Es la única manera de respaldar la ley de protección de glaciares y área periglacial.
Vamos por más.
Eran las tres de la madrugada y en plena sesión del congreso nacional, algunos diputados provinciales gritaron desaforadamente: “Los glaciares son míos, están en mi territorio”. Otros recurrieron a dicotomías centralistas, intentando rememorar a federales y unitarios. No faltó la perturbación de un diputado sanjuanino que fundamentaba la escasez del agua explicando que había que hacer minería, ignorando que se requiere no menos de mil litros de este elemento impregnado de ácido sulfúrico o de cianuro para lixiviar las rocas metalíferas y deslizando con habilidad dolosa que se usa más agua para la agricultura que para la mega minería a cielo abierto.
Abundaron barbarismos de todo tipo y los proferidos por el diputado Gioja, hermano del gobernador feudal, eran más relevantes: “El agua se limpia y se recicla en nuestra minería”, dijo el proveedor de las mineras, y lo proclamó sin inmutarse. Hubiéramos deseado en ese momento que de algún sector de la contienda se le dijera que la propia transnacional informó (IIA) que consumirá 360 litros por segundo, noche y día, los 365 días del año durante 15 ó 20 años de explotación de los yacimientos.”Esa cantidad ¿la reciclan, la limpian? ¿Dónde se deposita?”
Concluir que es preferible no contar con ley alguna significa entender que por sí sola esta norma legal se halla desamparada y bien puede ser utilizada con el argumento de que se hace minería conforme a la legislación vigente, refrendada por la provincia generalmente asociada a los intereses mineros.
Vale la pena recordar nuestra respuesta a los parlamentarios de Ottawa que habían tejido un proyecto de ley (C-300) convencidos de que controlarían a sus mineras en el extranjero:
-Usted las va a legitimar. Esta minería no se puede controlar -se le dijo.
-¿Qué propone, entonces? me pregunta John Mac Kay.
-Que se retiren. Queremos que se vayan.
Esta es francamente la posición de todas las comunidades afectadas por la invasión transnacional y corporativa del despojo.
La respuesta que le dimos al legislador canadiense es la misma que proponemos aquí frente a la inminencia de la ley de protección de glaciares y área periglacial.
¿De qué sirve entonces la ley que nos ocupa?
Creemos que es una herramienta vital a utilizar por los movimientos sociales y en debates públicos. La ley nos permitirá ejercer un observatorio permanente que atienda a su cumplimiento y nos obliga a exigir el acatamiento del artículo séptimo de evaluación de impacto ambiental que expresa: “deberá respetarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 de la Ley general del Ambiente.” Impulsar esta norma es fundamental.
Esta ley nacional, esta regla que esperamos entre en vigencia cuanto antes, nos permitirá exigir en todas las provincias y municipios el rechazo de cualquier legislación que sobre el particular (glaciares y periglaciares) sancionen las provincias con intención de evadir el texto y espíritu de la presente, continuando de ese modo con la habitual promiscuidad extractiva.
En definitiva, le ley de protección de glaciares y ambiente periglacial no prohíbe las actividades mineras en la cordillera, precordillera y estribaciones, pero es uno de los triunfos más resonantes logrados por nuestros colectivos sociales, el poder de la asambleas, la unión y el esfuerzo conjunto de comunidades que están siendo judicializadas y reprimidas. Vamos por mas. Es imprescindible lograr la abolición de la actual legislación minera y se está en ese camino; por eso merecen un reconocimiento especial los legisladores que en el Congreso Nacional están promoviendo leyes que revoquen las instauradas en la década de los 90.
Ratifiquemos una vez más el aplauso que brindamos en el recinto a aquellos congresistas (sin dar nombres para evitar injustas omisiones) que en la madrugada del 15 de julio sostenían públicamente que este debate a nivel nacional se debe a la unión de múltiples asambleas que en todo el territorio del país oponen una resistencia desigual sin renunciamientos.
Reconozcamos con ponderación a los compañeros de las distintas asambleas del interior y de la capital del país que se concentraron desde horas tempranas aguantando el frío reinante, a quienes incompresiblemente se les negó la entrada al recinto de sesiones. Muchos se trasladaron de lugares lejanos, del litoral y del noroeste, del sur rionegrino y del Andalgalá catamarqueño. Más de doscientos compañeros ejercieron una presión que no fue desconocida.
Iban rotando en la puerta del congreso nacional y a las cinco de la madrugada aún discutíamos en las calles el levantamiento de la sesión cuando un par de diputados del PRO y del Frente para la Victoria impedían el quórum en plena discusión del artículo sexto del proyecto de ley de protección de glaciares y área periglacial.
La Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC, sesionará del 13 al 16 de agosto en Santiago del Estero. El día 12 habrá un foro en el paraninfo de la Universidad santiagueña; será el lugar adecuado para continuar el debate y búsqueda de nuevas estrategias porque cada vez son más los pueblos que resisten y se rebelan enfrentando a lacayos serviles de corporaciones que diezman territorios, devastan contaminando y saquean. Los ámbitos institucionales también merecen un gran esfuerzo de todos nosotros. Discutamos cómo hacerlo. No dejemos un solo espacio, no les demos respiro.
Javier Rodríguez Pardo, Buenos Aires, 16 de julio de 2010.
MACH-RENACE- UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS.
Contacto: 011 1567485340
Piccinini: “la muerte del bebé pudo haber sido evitada”
21 jul 2010 Notas semanales
Bariloche-Río Negro-Argentina
Ana Piccinini
La defensora de Pueblo de la Provincia, Ana Piccinini, manifestó, en relación a un niño que falleció en Bariloche, que “otra vez la ausencia y la indiferencia del Estado Rionegrino tiene consecuencias irreparables”. La funcionaria evalúa un pedido de investigación para determinar responsabilidades, cuestionó al Ministerio de Familia y al Municipio de Bariloche.
Piccinini manifestó que “un niño muere porque los funcionarios responsables de las Áreas Sociales, no están abocados a su función” y se preguntó ¿Como es posible que no se tengan previstas acciones concretas, a priori, para esta época del año?
La funcionaria consultó ¿Cómo es posible que advertidos por vecinos preocupados sobre el caso concreto, las autoridades no actúen con celeridad para proteger la vida?
La defensora recordó que “este Órgano de Control, ha venido haciendo reiteradas advertencias, pedidos de informes sobre políticas concretas implementadas y a implementarse, por el Ministerio de Familia en Bariloche, recomendaciones de la Defensora al Ministro y a sus colaboradores directos”.
“Allí, entre otras cosas, se les marcaba concretamente (está todo documentado) que se haga un relevamiento provincial en el terreno, con especial mención de Bariloche, a fin de constatar la cantidad de menores en Riesgo de Vida, dada la precariedad de sus viviendas y las bajas temperaturas imperantes en invierno”, agregó.
Comentó que “esto tiene una frondosa carpeta de advertencias de larga data que jamás fueron tomadas en cuenta por el Ministerio, con las lamentables consecuencias que esto implica”.
Aseguró que “el Órgano de Control pudo interactuar con algunos municipios para suplir la falta de interés provincial, pero no en el caso de Bariloche”.
La defensora del Pueblo manifestó, además, que “ante la gravedad de los hechos, que pudieron haberse evitado asistiendo a estas familias, refugiándolas y protegiéndolas del frío, medidas que deben ser tomadas urgentemente para evitar mas consecuencias dramáticas, es que desde la Defensoría se está evaluando la presentación de un pedido de investigación de los hechos, a fin de que se atribuya a los funcionarios responsables, las culpas penales del caso, tal lo tipifica el Código Penal para el delito de Abandono de Personas, entre otros”.
Cortesía de “mienten mucho”
para EL EMILIO
Lo que todo ambientalista necesita saber sobre capitalismo (Parte VI-Última entrega)
21 jul 2010 Notas semanales
VI. ¿Qué puede hacerse ahora?
En ausencia de un cambio sistémico, desde ya que hay ciertas cosas que se han hecho y todavía más se pueden hacer en el futuro para disminuir los efectos negativos del capitalismo sobre el ambiente y las personas. No hay ninguna razón particular por la que Estados Unidos no pueda tener, como en otros países capitalistas avanzados, un mejor sistema de seguridad social, incluyendo acceso universal a la salud. Para controlar los más graves problemas ambientales los gobiernos pueden dictar leyes y aplicar regulaciones. Lo mismo ocurre para el ambiente o para la construcción de vivienda social. Un impuesto al carbono como ha propuesto James Hansen -en donde el 100 por ciento de los dividendos retornan al público, estimulando la conservación al mismo tiempo que poniendo la carga sobre aquellos con grandes huellas de carbono y una riqueza mayor- podría ser implementado. Las nuevas usinas termoeléctricas de carbono (sin captura) podrían ser prohibidas al tiempo que las existentes cerradas.[52] A nivel global, se podría promover la contracción y convergencia de las emisiones de carbono, transitar hacia índices mundiales per cápita uniformes, con cortes mucho más profundos en países ricos y con mayores huellas de carbono.[53] El problema es la gran oposición a estas medidas por fuerzas muy poderosas. Por ende, este tipo de reformas se implementan, con suerte, limitadas, con una existencia marginal siempre y cuando no afecten el proceso básico de acumulación del sistema.
Es más, el problema con todas estas aproximaciones es que permiten a la economía continuar el desastroso camino que actualmente está llevando. Podemos seguir consumiendo todo lo que queramos (o lo que nuestros ingresos y riqueza nos permitan), agotando recursos, manejando mayores distancias en nuestros autos energéticamente más eficientes, consumiendo todo tipo de productos hechos por las corporaciones “verdes”, y así sucesivamente. Todo lo que tenemos que hacer es apoyar a las nuevas tecnologías “verdes” (algunas de las cuales, como las que convierten productos agrícolas en combustibles ¡no son verdes!) y ser “aplicados” al separar la basura que pueda ser compostada o reutilizada de alguna forma. De esta manera podemos seguir viviendo bastante parecido a como lo veníamos haciendo –en una economía de crecimiento y rentas perpetuas.
La gravedad del cambio climático debido a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero generados por el humano ha desembocado en nociones donde lo necesario es solamente reducir la huella de carbono (que ya es un problema en sí). Sin embargo, la realidad es que existen numerosos problemas ecológicos interrelacionados y en aumento debido a un sistema en función de la infinita expansión de la acumulación de capital. Lo que es necesario reducir no es solamente la huella de carbono, sino también la huella ecológica, esto quiere decir reducir, o bien frenar, la expansión económica a nivel mundial, especialmente en países ricos. Al mismo tiempo, las economías de muchos países pobres deben expandirse. Los nuevos principios que podríamos promover son, entonces, los de un desarrollo humano sustentable. Esto quiere decir lo suficiente para todos y no más. El desarrollo humano no se vería dificultado, y podría ser considerablemente realzado para el beneficio de todos, si se hiciera énfasis en éste, y no en un desarrollo económico insustentable.
VII. Otro sistema económico no sólo es posible -Es esencial
El análisis precedente, si es correcto, apunta al hecho de que la resolución de la crisis ecológica no puede darse dentro de las lógicas del sistema actual. No hay esperanzas de éxito en las diversas sugerencias. El sistema capitalista mundial es insustentable en: (1) su búsqueda por una acumulación sin fin de capital tendiente a una producción que debe expandirse continuamente para obtener ganancias; (2) su sistema agrícola y alimentario que contamina el ambiente y sin embargo no garantiza el acceso cuantitativo y cualitativo universal de comida; (3) su desenfrenada destrucción del ambiente; (4) su continua reproducción y aumento de la estratificación de riqueza dentro y entre los países; y (5) su búsqueda por la “bala de plata” tecnológica para evadir los crecientes problemas sociales y ecológicos emergentes de sus propias operaciones.
La transición a una economía ecológica –que consideramos que también debe ser socialista- será un proceso arduo que no ocurrirá de un día para el otro. Esto no es una cuestión de “asaltar el Palacio de Invierno”. Más bien, es una lucha dinámica, multifacética para un nuevo pacto cultural y un nuevo sistema productivo. La lucha es en última instancia contra el sistema del capital. Sin embargo, tiene que comenzar oponiéndose a la lógica del capital, esforzándose en el aquí y el ahora en la creación, en los intersticios del sistema, de un nuevo metabolismo social arraigado en el igualitarismo, la comunidad y una relación sustentable con la tierra. Las bases para la creación de un desarrollo humano sustentable deben surgir desde el interior del sistema dominado por el capital, sin ser parte de él, como la misma burguesía lo hizo desde los “poros” de la sociedad feudal.[54] Eventualmente, estas iniciativas pueden volverse lo suficientemente poderosas para constituir las bases revolucionarias de un nuevo movimiento y una nueva sociedad.
Estas luchas en los intersticios de la sociedad capitalista están teniendo lugar en todo el mundo, y son demasiado numerosas y complejas para ser desarrolladas en su totalidad aquí. Los pueblos originarios hoy en día, con nuevos bríos gracias a la continua lucha revolucionaria en Bolivia, reintroducen una nueva ética y responsabilidad hacia la tierra. La Vía Campesina, una organización campesina global, promueve nuevas formas de agricultura ecológica, como el MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) en Brasil, como en Cuba y Venezuela. Recientemente, el presidente venezolano Hugo Chávez enfatizó las razones sociales y ambientales por las cuales había que liberarse de una economía basada en la renta petrolera, siendo Venezuela un gran exportador de petróleo.[55] El movimiento de justicia climática está demandando soluciones igualitarias y anticapitalistas a la crisis climática. En todos lados estrategias radicales, esencialmente anticapitalistas están emergiendo, basadas en otras éticas y formas de organización más que en la motivación de ganancia; ecoaldeas; el nuevo ambiente urbano promovido en Curitiba, Brasil, y otras partes; experimentos en permacultura, agricultura comunitaria, cooperativas industriales y agrícolas en Venezuela, etc. El Foro Social Mundial ha dado voz a muchas de estas aspiraciones. Como ha dicho el destacado ambientalista norteamericano James Gustave Speth: “El movimiento internacional por el cambio –que se refiere a sí mismo como ‘el irresistible ascenso del anticapitalismo global’- es más fuerte de lo que muchos pueden imaginar y seguirá cobrando fuerza”.[56]
La oposición a la lógica del capitalismo –teniendo como horizonte desplazar al sistema en su totalidad- crecerá imponentemente debido a que no existe otra alternativa, si es que la tierra como la conocemos y la humanidad misma han de sobrevivir. Aquí, los objetivos de la ecología y el socialismo se encontrarán necesariamente. Será crecientemente más claro que la distribución de tierra, salud, vivienda, etc. tendrían que ser en base a la satisfacción de necesidades humanas más que las fuerzas de mercado. Esto, desde ya, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero quiere decir que la toma de decisiones económicas tiene que ser en niveles locales, regionales y multirregionales por procesos democráticos. Tenemos que enfrentar cuestiones: (1) ¿Cómo podemos satisfacer las necesidades básicas de comida, agua, vivienda, vestimenta, salud, y dar las mismas oportunidades de educación y cultura a todo el mundo? (2) ¿Cuánto de la producción económica tendría que ser consumida y cuanto invertida? Y (3) ¿Cómo tendrían que ser dirigidas las inversiones? En el proceso, las personas tienen que encontrar las mejores maneras para llevar adelante estas actividades en una interacción positiva con la naturaleza –para mejorar el ecosistema. Nuevas formas de democracia serán necesarias, enfatizando nuestra mutua responsabilidad, tanto al interior de las comunidades como con aquellas repartidas por el mundo. Alcanzar este deseo, desde ya, requiere planificación social en todos los niveles: local, regional, nacional e internacional –que solamente puede ser fructífero si es de y por, y no sólo aparentemente para el pueblo.[57]
Un sistema económico democrático, razonablemente igualitario, y capaz de poner límites al consumo significará sin lugar a dudas que las personas vivirán con un nivel de consumo menor del que se denomina, algunas veces en los países ricos, el estilo de vida de la “clase media” (que nunca fue universalizado incluso en estas sociedades). Un estilo de vida más sencillo, a pesar de ser “más pobre” materialmente, puede ser más rico cultural y socialmente al reconectar a las personas entre sí y con la naturaleza, y al tener que trabajar menos horas para proveer las cosas esenciales para la vida. Una gran cantidad de trabajos en los países capitalistas ricos son improductivos y pueden ser eliminados, lo que indica que la jornada laboral puede ser acortada en una economía organizada más racionalmente. El eslogan que algunas veces se ve en los parachoques, “Vive sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir”, tiene poco sentido en una sociedad capitalista. Vivir una vida sencilla, como hicieron Helen y Scott Nearing, demostrando que es posible que sea gratificante e interesante, no ayuda a los pobres en las circunstancias presentes.[58] Sin embargo, el eslogan tendrá importancia real en una sociedad bajo control social (más que privado) que intenta satisfacer las necesidades básicas de todas las personas.
Tal vez los Consejos Comunales de Venezuela –donde los habitantes locales reciben los recursos y deciden las prioridades para la inversión social en sus comunidades- son un ejemplo de planificación a nivel local para la satisfacción de necesidades humanas. Este es el camino por el que necesidades tan importantes como escuelas, clínicas, caminos, electricidad y redes de agua pueden complacerse. En una sociedad realmente transformada los concejos comunales pueden interactuar con los esfuerzos que se hagan a nivel regional y multirregional. Y el uso del excedente de la sociedad, una vez satisfechas las necesidades básicas de las personas, debe basarse en sus propias decisiones.[59]
El propósito mismo del nuevo sistema sustentable, que es el resultado necesario de estas innumerables luchas (necesario en términos de supervivencia y realización de la potencialidad humana), debe ser la satisfacción de necesidades básicas materiales y no materiales de todas las personas, mientras se protege el ambiente global y los ecosistemas locales y regionales. El ambiente no es algo “externo” a la economía humana como lo dicta nuestra ideología presente; constituye la base vital esencial para todas las criaturas vivientes. La cura para la “ruptura metabólica” entre la economía y el ambiente implica nuevas formas de vivir, de producir, cultivar, transportarse, etc.[60] Tal sociedad debe ser sustentable; y la sustentabilidad requiere igualdad sustantiva enraizada en un modo de producción y consumo igualitario.
Concretamente, las personas deben vivir más cerca de sus lugares de trabajo, en hogares ecológicos y energéticamente eficientes como también confortables, y en comunidades diseñadas para el compromiso público, con suficientes espacios, como parques y centros comunitarios para reunirse y tener oportunidades de divertimento. Son necesarios mejores medios de transporte masivo dentro y entre ciudades para reducir el uso de automóviles y camiones. El tren es significativamente más eficiente energéticamente que el transporte de carga (413 millas por galón de nafta por tonelada versus 155 millas para los camiones) y causan menor cantidad de accidentes fatales, al mismo tiempo que emiten menos gases de efecto invernadero. Un tren puede llevar la carga de 280 a 500 camiones. A su vez, está estimado que una sola vía ferroviaria puede llevar la misma cantidad de personas que numerosos carriles de autopistas.[61] La producción industrial debe basarse en los principios ecológicos “de la cuna a la cuna”, donde los productos y edificios se diseñan para un consumo de energía bajo, utilizando lo más posible luz y calefacción/refrigeración natural, una construcción sencilla como también facilidad para la reutilización y asegurando que el proceso de manufactura produce pocos o ningún desperdicio.[62]
La agricultura basada en principios ecológicos, llevada adelante por familias campesinas o cooperativas, reencontrándose con la tierra en la que cultivan su propia comida, ha demostrado ser no solamente tanto o más productiva que la producción a gran escala, sino que a su vez tiene un impacto negativo menor en las ecologías locales. De hecho, los mosaicos creados por pequeñas granjas intercalados con vegetación nativa son necesarios para proteger especies en peligro de extinción.[63]
Una mejor existencia tiene que ser alcanzada para los habitantes de villas miserias, un sexto de la humanidad aproximadamente. Primero y principal, un sistema que requiere un “un planeta de villas miseria”, como lo ha dicho Mike Davis, tiene que ser reemplazado por un sistema que tenga lugar para comida, agua, viviendas y empleo para todos.[64] Para muchos, esto puede implicar -con una provisión de tierra, vivienda y otros apoyos adecuados- un regreso a la vida campesina.
Se necesitarán ciudades más pequeñas, con habitantes que vivan cerca de los lugares de producción de sus alimentos y donde la industria se encuentre dispersa, y en menores escalas.
Evo Morales, presidente de Bolivia, ha capturado la esencia de la situación en sus comentarios sobre el cambio hacia un sistema que promueva el “vivir bien” en vez del “vivir mejor” del capitalismo. Como ha dicho en la Conferencia Climática de Copenhague de diciembre de 2009: “El vivir mejor es explotar seres humanos. Es agotar recursos naturales. Es egoísmo e individualismo. Entonces, en esas promesas del capitalismo no existe solidaridad ni complementariedad. No hay reciprocidad. Por eso es que estamos tratando de pensar otras formas de vivir y de vivir bien, no vivir mejor. Vivir mejor es siempre a costa de otro. Vivir mejor es a costa de la destrucción del ambiente”.[65]
Las anteriores experiencias de transición hacia sistemas no capitalistas, especialmente en sociedades de tipo soviético, indican que esto no será fácil y que lo que se necesita son nuevas concepciones de lo que constituye el socialismo, distinguiéndolas claramente de esos tempranos, y frustrados intentos. Las revoluciones del siglo XX se erigieron típicamente en países relativamente pobres y subdesarrollados, que fueron rápidamente aislados y continuamente amenazados desde el exterior. Tales sociedades posrevolucionarias se terminaron burocratizando fuertemente, con una minoría al mando del estado y gobernando sobre el resto de la sociedad. Se terminaron reproduciendo muchas de las relaciones de producción jerárquicas que caracterizan al capitalismo. Los trabajadores continuaron proletarizados, mientras que la producción fue expandida por el bien de la producción misma. Las mejoras sociales reales existieron demasiado frecuentemente con formas extremas de represión social.[66]
Hoy en día debemos esforzarnos por construir un sistema socialista genuino; uno donde la burocracia sea puesta bajo control, y el poder sobre la producción y la política resida verdaderamente en el pueblo. Así como los nuevos desafíos que enfrentamos están cambiando en nuestra época, también lo están haciendo las posibilidades para el desarrollo de la libertad y la sustentabilidad.
Cuando el reverendo Jeremiah Wright habló en la reunión del sexagésimo aniversario de Monthly Review en septiembre de 2009 repitió continuamente la pregunta “¿Y qué pasa con las personas?”. Si todavía queda esperanza de mejorar significativamente las condiciones de vida de la vasta mayoría de los habitantes del mundo –muchos de los cuales viven desesperanzadamente en las peores condiciones de existencia- y al mismo tiempo preservar a la Tierra como un planeta habitable, necesitamos un sistema que constantemente pregunte: “¿Y qué pasa con las personas?” en vez de “¿Cuánta plata puedo ganar?”. Esto es necesario, no sólo para los humanos, sino para todas las otras especies que comparten el planeta con nosotros y cuyos destinos se encuentran íntimamente ligados al nuestro.
Monthly Review
Notas:
[52] Ver Hansen, Storms of My Grandchildren, 172-77, 193-94, 208-22.
[53] Ver Aubrey Meyer, Contraction and Convergence (Devon: Schumacher Society, 2000; Tom Athansiou y Paul Baer, Dead Heat (New York: Seven Stories Press, 2002.
[54] Ver Karl Marx y Frederick Engels, Collected Works (New York: International Publishers, 1975), vol. 6, 327; Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 447-48.
[55] Ver “Chávez Stresses the Importance of Getting Rid of the Oil Rentier Model in Venezuela,” MRzine, http://mrzine.org (11 de enero, 2010).
[56] Ver James Gustave Speth, The Bridge at the Edge of the World (New Haven: Yale University Press, 2008), 195.
[57] Ver On planning, ver Magdoff and Magdoff, “Approaching Socialism,” 36-61.
[58] Ver Helen y Scott Nearing, Living the Good Life (New York: Schocken, 1970). Scott Nearing fue por muchos años columnista “World Events [Eventos del mundo]” de Monthly Review.
[59] Ver Iain Bruce, The Real Venezuela (London: Pluto Press, 2008), 139-75.
[60] On the metabolic rift, see Foster, The Ecological Revolution, 161-200.
[61] C. James Kruse, et al., “A Modal Comparison of Domestic Freight Transportation Effects on the General Public, Center for Ports and Waterways,” Texas Transportation Institute, 2007; http://americanwaterways.com; sitio Mechanical Database, Rail vs. Truck Industry, última vez visto; http://mechdb.com, 17 de enero, 2010.
[62] William McDonough y Michael Braungart, Cradle to Cradle (New York: North Point Press. 2002).
[63] Ver Miguel A. Altieri, “Agroecology, Small Farms, and Food Sovereignty,” Monthly Review 61, no. 3 (Julio-agosto 2009), 102-13.
[64] Mike Davis, Planet of the Slums (London; Verso, 2007).
[65] Entrevista a Evo Morales por Amy Goodman, Democracy Now, December 17, 2009, http://democracynow.org/2009/12/17/bolivian_president_evo_morales_on_climate.
[66] Ver Paul M. Sweezy, Post-Revolutionary Society (New York: Monthly Review Press, 1980).
