Última Entrada
25 Jul 2010 Notas semanales
Fuente: http://www.noalamina.org
Argentina – Córdoba Viernes 23 de julio de 2010
En Córdoba se verifica un escenario de presiones del sector empresarial minero y de geólogos de la C.N.E.A. ante el Tribunal Superior de Justicia, con el afán de declarar la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 9526 que establece la prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas. Asimismo, la empresa Barrick Gold distribuye cartillas de “prevención vial” en Villa Carlos Paz y por distintos medios pro-mineros, estatales y empresariales circula una supuesta declaración sin firmas que aviesamente se auto-titula “Declaración de las Universidades Nacionales en defensa de la actividad minera”. Por la trascendencia del tema, a continuación presentamos las principales razones que motivaron que el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (Resolución 1308, 15 de diciembre 2009), rechace de los fondos provenientes de la mega-minería, razones silenciadas por la casi totalidad de los medios de comunicación.
Por Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
22 de julio de 2010
Comunicado de Prensa
Unión de Asambleas Ciudadanas
Las principales razones por las que la UNC ha rechazado fondos provenientes de la mega-minería.
La mega-minería dominantemente transnacional en nuestro país está mostrando todo su poder para condicionar la democracia nacional y de las provincias. En el caso de Córdoba, hoy se verifica un escenario de presiones del sector empresarial minero y de geólogos de la C.N.E.A. ante el Tribunal Superior de Justicia, con el afán de declarar la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 9526 que, aprobada en setiembre de 2008, establece la prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, en todo el territorio provincial. Asimismo, se constata la presencia de la empresa Barrick Gold a través de cartillas de “prevención vial” en Villa Carlos Paz -próxima a la zona donde pretenden explotar uranio-; y la circulación de una supuesta declaración sin firmas que aviesamente se auto-titula “Declaración de las Universidades Nacionales en defensa de la actividad minera”, por distintos medios pro-mineros, estatales y empresariales.
Por la trascendencia del tema, a continuación presentamos las principales razones que motivaron por parte del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (Resolución 1308, 15 de diciembre 2009), el rechazo de los fondos provenientes de la mega-minería, razones silenciadas por la casi totalidad de los medios de comunicación.
Al inicio de ese texto -resultado de un extensísimo debate-, en lo relativo a “Visto”, se recuerda (…) “Que la Comisión de Vigilancia y Reglamento del HCS recibió a representantes de las asambleas, de las comunidades afectadas y a académicos e investigadores que también acercaron bibliografía específica y fundaron sus apreciaciones en estudios publicados respecto de los impactos negativos ambientales, sociales y económicos de los emprendimientos mineros en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 426/09 el H. Consejo Superior se hizo eco de la preocupación expresada por diferentes sectores y organismos acerca de las condiciones y consecuencias socioambientales de la explotación minera en distintos yacimientos en nuestro país, señalando expresamente en su Art. 2º su “convicción de que la agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben ceder frente al interés general de la sociedad argentina”;
Y así llegamos a lo que creemos fundamental que se de a difusión, y que toda la población sepa POR QUÉ nuestra Universidad pública se definió en contra de esta actividad. Son centrales los siguientes párrafos:
“CONSIDERANDO:
Que se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia mayoría de los informes recogidos por este cuerpo, que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades;
(…) La grave e irreversible destrucción de los ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua, la magnitud y peligrosidad de los insumos y efluentes, una profunda afectación de la flora, la fauna, el hábitat y el paisaje local, con la consecuente pérdida de biodiversidad y la degradación general de las condiciones socioambientales mínimas requeridas para las restantes actividades económicas, para la salud humana -tanto desde el punto de vista genético como de la generación de diversas patologías- y la reproducción de la vida en general;
Que este tipo de actividades produce por lo general un avasallamiento de las pautas culturales de la población local, lo que sumado a los daños ambientales empíricamente verificados, degradan la calidad de vida en las regiones afectadas;
Que la Constitución Nacional en su art. 41 primera parte establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.”; que al amparo de tal disposición se dicta la ley 25.675 (27/11/02), en la que se define en su Artículo 27 el daño ambiental;
Que el Estado Nacional al haber asumido el compromiso, como integrante de la comunidad internacional, de trabajar en pro de la protección del medio ambiente sano en cuanto indispensable para el desarrollo integral del ser humano y al haber reconocido en numerosos instrumentos internacionales y regionales (…)
Que la problemática socioambiental, no sólo involucra dimensiones económicas y técnicas, sino que implica fundamentalmente aspectos vinculados a los derechos humanos y el bienestar de las comunidades. En tal sentido el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales -Protocolo de San Salvador-, instrumento que suscribió nuestro país dándole en ese acto jerarquía constitucional, genera la responsabilidad ineludible de nuestro Estado Nacional de promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, para garantizar a toda persona su derecho a vivir en un medio ambiente sano (Art. 11, Protocolo de San Salvador);
Que la actividad de la minería metálica no tiene un alto impacto económico en relación a la generación de riqueza ni es alta su contribución al PBI;
Que la actividad minera se ha visto beneficiada, a lo largo de la década del noventa, por legislaciones (Ley 24.498; Ley 24.402; Ley 25.261; Ley 24.196) que permiten la libre transferencia de sus utilidades al exterior, la estabilidad fiscal por 30 años, la deducción en un 100% del pago del Impuesto a las Ganancias por inversiones en prospección, exploración, estudios de suelos, ensayos y otras actividades, la exención del pago del Impuesto a las Ganancias respecto de los derechos mineros y aportes de minas como capital social, el financiamiento y devolución del IVA para bienes de capital e inversiones en obras de infraestructura física, la exención al pago de la Ley de Sellos, la exención del pago de derechos por importación u otros tributos, por la introducción de bienes de capital, equipos, repuestos y accesorios, la exención al pago del Impuesto sobre los activos, los cheques, y los combustibles líquidos. Ello hace que el negocio de la minería reporte un escenario más que favorable para la inversión transnacional, tanto es así que la Secretaría de Minería de la Nación estima que el crecimiento acumulado de proyectos para el período 2003-2006 se sitúa por encima del 800%. Todas estas inversiones dirigidas hacia la extracción de oro y cobre y la mayoría son emprendimientos a cielo abierto con el impacto socioambiental ya mencionado.
Que esta situación requiere de una pronta modificación de la legislación que de prioridad al interés general de la sociedad argentina y no a los intereses del gran capital involucrado en los mega emprendimientos mineros, como así también requiere del estudio de instrumentos legales para responsabilizar a estas empresas respecto de los daños socioambientales pasados o futuros como consecuencia de su intervención;
Que las empresas mineras funcionan en Argentina con un contacto económico mínimo con su entorno, dado que los métodos actuales hacen que la extracción deoro del subsuelo no se inserte dentro de una cadena productiva amplia e integrada económicamente; corroborado esto por la propia Minera Alumbrera Ltd. al decir que: “El proyecto no promueve la participación activa de todos los sectores socio-económicos, especialmente los más desfavorecidos de la población ya que requiere de poca mano de obra, muy especializada”;
Que tampoco resultan ajenas a esta problemática, las prácticas del clientelismo de empresa practicado por Minera Alumbrera bajo el revestimiento ideológico de la denominada “minería socialmente responsable”, “responsabilidad social empresaria”, o “minería sustentable”, para acallar las voces críticas y provocar la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la libertad de opinión de las comunidades y judicializando la protesta social, tal como fuera denunciado por el Defensor del Pueblo de la Nación (Actuación Nº 2538/05) instando al Estado a ser “extremadamente cuidadoso para que el cumplimiento de las funciones que le son obligatorias y justifican su razón de ser, tales como la promoción de la educación, la salud y la preservación del ambiente, no se conviertan en un instrumento de ‘asistencialismo minero’…”;
Que por el corpus normativo de los años noventa -ingeniería técnica y jurídica plasmada en el código minero- el Estado se ha autoinhibido para disponer de su subsuelo; promoviendo el ingreso de la gran minería mundial en la Argentina bajo el paradigma neoliberal de explotación de los recursos naturales. En otras palabras, lasmejores condiciones posibles para las empresas involucradas y la menor injerencia posible del Estado y de la sociedad civil, que permite la apropiación de inversores extranjeros de algunos de los últimos recursos no renovables del país;
Que el gobierno nacional mantuvo los beneficios económico – impositivos de la década del 90 y que la legislación minera no ha tenido cambios en la actualidad, con el agravante del veto a leyes protectoras de la integridad del ambiente como la ley de glaciares, lo que resulta regresivo respecto de la protección del ambiente;
Que las causas y las fuentes de los problemas socioambientales se debieran atender en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir (derecho preventivo) y que la ausencia de información o certeza científica no debe ser motivo para la inacción frente a un peligro de daño grave o irreversible en el ambiente, en la salud o en la seguridad pública (derecho precautorio); y que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales debieran realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generacionespresentes y futuras (sustentabilidad);
Que Minera Alumbrera ha desarrollado, desarrolla y financia, con instituciones educativas de nivel primario, secundario e incluso universidades, actividades formativas y académicas que son utilizadas como instancias de legitimación de la empresa y de sus emprendimientos extractivos y que a través de estrategias de validación amparadas en la supuesta neutralidad del saber científico como variable asimétrica y vertical, se busca inhibir y/o controlar los conflictos y anular la legitimidad de derechos ciudadanos, desautorizando, desacreditando, y/o invisibilizando las resistencias al modelo de desarrollo que propugna;
Que la UNC mantiene un alto compromiso institucional en defensa del bien público y que debe estar al servicio de los derechos de los ciudadanos y nunca sujetos a intereses corporativos, y por lo tanto nuestro pronunciamiento público en este tema, la decisión que tomamos y las acciones concretas que de esta resolución se deriven, no están en ningún caso condicionadas por necesidades financieras;
Que es misión de nuestra Universidad consagrada en el artículo segundo de los Estatutos de la UNC: “d) promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los mismos; y e) proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución”-
Como podemos ver, se trata de uno de los análisis más profundos, comprometidos y socialmente integrales que se haya hecho en nuestro país sobre una actividad económica, y reiteramos: ha tenido mínimo reflejo en los medios de comunicación.
Además, en marzo de este año 2010, el cuerpo de consiliarios de la UNC manifestó, a través de una declaración, su solidaridad con los habitantes perjudicados por esa actividad económica, su total apoyo a sus reclamos reivindicatorios, en procura de la protección de su derecho a la vida; y también repudió la represión policial y criminalización de la protesta social ocurrida en la comunidad de Andalgalá, Catamarca.
En este sentido cabe recordar que numerosas manifestaciones, cortes de ruta, hechos de represión, detenciones, intimidaciones y otras situaciones relativas a conflictos mineros se viven regularmente en varias provincias del país. Este no es sólo un tema “ambiental”. Creemos que este documento y esta sólida actitud de nuestra Universidad deben tener amplia difusión, por el pleno ejercicio del derecho constitucional a la información pública.
UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS – UAC
Compartir esta nota en Facebook
Entradas Recientes
25 Jul 2010 Notas semanales
Ni Guatemala ni Guatepeor: no hay conciliación posible con el ajuste y la hipocresía (AGMER María Grande)
Fuente:http://vozentrerriana.blogspot.com
El gobernador y el Ministro de Gobierno deben cambiar el gastado y mediocre chip con el que hablan en público sobre la educación entrerriana. Es inaceptable que al magro y ya desactualizado aumento salarial que los trabajadores le arrancamos este 2010 le sigan diciendo “el mejor aumento provincial con respecto a la paritaria nacional”.
Deben darse cuenta los gobernantes y funcionarios que ese discurso vacío repetido que nos quiere hacer comparar Guatemala con guatepeor no sólo que no va a ningún lado si no que genera más bronca en los trabajadores de la educación.
El Ministro de Gobierno cree absurdamente que hablándonos casi como un secretario adjunto de la CTERA oficialista va a modificar las convicciones de lucha de los docentes entrerrianos. Somos trabajadores entrerrianos y desde febrero que hemos dicho claramente que eran insatisfactorios e insuficientes los acuerdos nacionales firmados a puertas cerradas entre amigos del poder en Bs. As., como así también las propuestas provinciales periféricas a esos acuerdos.
La docencia entrerriana está de paro y movilización. Las asambleas docentes a partir de este viernes y el congreso gremial van a decidir soberana y democráticamente cómo continúa la lucha por una revalorización de la tarea educativa. El movimiento docente no acepta chicanas, ni persecuciones ni más dilaciones: tampoco se nos va a amedrentar con la operación amenazadora de la “conciliación obligatoria”. Para nosotros, no hay conciliación posible con el ajuste, el empobrecimiento, la persecución y la hipocresía.
Tampoco conciliamos con la idea procesista -absolutamente antidemocrática- de que día de lucha, día de huelga legítima y legal es “día no trabajado y descontado”. Retenerles haberes ilegalmente a un trabajador en lucha por mejorar las condiciones laborales y vitales es un robo, y el docente tiene derecho a solicitar por escrito quién da la orden de descontarle y robarle injustamente parte de su sueldo, para realizar la denuncia legal correspondiente.
Mauricio Castaldo
Sec. Gral. de Agmer M. Grande y Congresal de la Entidad
agmermariagrande.blogspot.com
Compartir esta nota en Facebook
25 Jul 2010 Notas semanales
Fuente :Agencia Rodolfo Walsh
El Gobierno Argentino volvió a poner a un luchador en manos de sus torturadores
(AW) El Gobierno Argentino y Chileno maniobraron ilegalmente el secuestro y entrega a sus torturadores, del militante Juan Manuel Aliste Vega, requerido por un tribunal militar en Chile. Ambos gobiernos haciendo honor la ley antiterrorista, la misma que condena a nuestros hermanos Mapuches, y a todos los luchadores populares, siendo una clara herramienta de persecución de la protesta social y política, acordaron la entrega del compañero durante la noche, pisoteando todos los tratados y acuerdos internacionales vigentes.
Buenos Aires, Jueves 22 de Julio de 2010 (Agencia Walsh)
Mira Cristina que popular, los 6 compañeros Paraguayos, los dos cumpas chilenos Freddy y Marcelo, La Galle, Martino, El Negro, Villalba, Bertha González, más de 5000 luchadores procesados, y ahora Juan Aliste Vega.
En dictadura o en democracia, el aparato represivo avanza sostenido por los que jamás permitirán que sus privilegios sean cuestionados.
Comunicado de Prensa de CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)
“Los Derechos Humanos son los derechos que tienen los pueblos a hacer la revolución” (León “Toto” Zimerman)
EXPULSARON ILEGALMENTE A JUAN ALISTE VEGA
En las primeras horas de esta madrugada mediante un operativo de virtual secuestro llevado a cabo por el gobierno argentino, fue expulsado ilegalmente del país el militante chileno Juan Manuel Aliste Vega, requerido por un tribunal militar del país vecino,
Aliste Vega fue detenido el pasado 9 de julio por una orden internacional de captura en virtud de aplicársele la ley antiterrorista chilena, la misma con la que se persigue al pueblo mapuche y a todos los luchadores populares del país trasandino. Esta ley que data de la dictadura pinochetista prevé que los acusados sean juzgados por tribunales militares y por el Código de Justicia Militar. Esto convierte en una farsa el derecho de defensa, ya que los militantes populares acusados por estos tribunales son condenados a penas muy severas sin acreditar fehacientemente hecho alguno y considerando “terroristas” acciones enmarcadas en la protesta social. Estos mismos tribunales entienden también en los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, y en la práctica no hay casi condenas por estos hechos o si las hay las sanciones son ridículas.
Debe destacarse que el compañero estuvo detenido en las cárceles de Chile, ya en el período constitucional, por hechos ocurridos en el marco de la resistencia contra la dictadura de Pinochet y durante su cautiverio fue salvajemente torturado por las fuerzas de seguridad chilenas. En este contexto, Juan Manuel Aliste Vega decidió no entregarse a la justicia militar chilena debido a que en su país no se encuentra garantizado su derecho de defensa, y corría serio riesgo de ser torturado o asesinado.
Luego de su detención en la Ciudad de Buenos Aires, CADeP asumió la defensa del compañero Aliste Vega. Por una parte se encontraba en trámite un juicio de extradición que tramitaba en el Juzgado Federal nº 2 de Lomas de Zamora (causa nº 1390), donde se había intimado al gobierno chileno a que acompañe la orden formal de extradición y la documentación correspondiente. Por otra parte existía una orden de expulsión decretada por la Dirección General de Migraciones (expediente nº 94947-2010), dictada sin siquiera haber escuchado a Aliste Vega, por el simple hecho de no tener registrado su ingreso al país. Esta orden de expulsión fue apelada por la defensa de CADeP y estaba pendiente de resolución por parte del Ministro del Interior, sin perjuicio de lo cual se podía volver a apelar ante la instancia judicial.
En esta situación, violando el procedimiento legal previsto -en función de una decisión estrictamente política- , existió una maniobra urdida entre el gobierno chileno (cuyo presidente había exigido a Cristina Kirchner la expulsión inmediata de Aliste Vega) y el gobierno argentino. Esa maniobra consistió en que el Tribunal Militar chileno desistió de la solicitud de extradición ayer a la noche (fuera del horario judicial y por fax), al mismo tiempo que el Ministerio del Interior confirmaba la expulsión, en una muestra de que para la represión coordinada y sistematizada entre los Estados para con los pueblos no hay horarios ni legalidad alguna. Dicha decisión, que todavía podía ser apelada por la defensa, ni siquiera fue notificada y de manera groseramente ilegal, violando la legislación nacional e internacional, se procedió al secuestro de Aliste Vega para entregarlo a los agentes chilenos que, claro está, ya se encontraban en el país esperándolo con un avión de la Fuerza Aérea Chilena.
El propio diario chileno de derecha “El Mercurio” señala en su publicación del día de la fecha (22/07/10) que se trató de una operación política coordinada entre funcionarios de ambos Estados con la finalidad de eludir el juicio de extradición y negar el derecho que le asistía a Aliste Vega de defenderse ante la resolución por la que se confirma la expulsión y lograr así enviarlo a Chile entre gallos y medianoche.
Así las cosas, el gobierno de Cristina Kirchner que se autoproclama defensor de los derechos humanos, el mismo que reprime y encarcela a los luchadores, el mismo que dicta la ley antiterrorista para criminalizar las luchas, es el que -ahora también- en contradicción con la legislación nacional y los Tratados Internacionales, expulsa mediante una maniobra oscura e ilegal al compañero Juan Manuel Aliste Vega. En definitiva, esto no es más que una muestra clara de la continuidad en la coordinación represiva ilegal por parte de los estados para con los militantes -esta vez matizada y con rasgos de institucionalidad-, pero con el sentido propio de las dictaduras en el Cono Sur.
Pues, resulta que Juan Manuel Aliste Vega, quien fuera salvajemente torturado estando detenido por el Estado Chileno, será enjuiciado por un tribunal militar, prohibido e inconstitucional en Argentina. Diversos organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han tenido por probada la aplicación sistemática de torturas a los presos políticos chilenos y han entendido que resulta ilegal y contrario al Pacto de San José de Costa Rica el juzgamiento de civiles por tribunales militares. En este contexto de ilegalidad se lleva adelante esta gravísima maniobra, evidentemente para eludir el juicio de extradición (donde se discutiría todo esto) y evitar que Aliste Vega sea defendido y rodeado de solidaridad de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos en Argentina.
Finalmente, esto demuestra que aún cuando la legislación y el accionar de las instituciones están hechas a la medida de la protesta y la lucha social, los Estados no dudan en violar las leyes que ellos mismos crean. Esto es una muestra más de que el único camino sigue siendo la lucha, con unidad y organización.
Además de las acciones y denuncias que llevemos adelante por lo sucedido, hacemos directamente responsable al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de esta grosera maniobra ilegal y de la seguridad y la vida de Juan Manuel Aliste Vega, ahora en manos del Estado Chileno. Nuestro repudio más enérgico a este vil accionar de los Estados y nuestra más profunda solidaridad con el compañero Aliste Vega y su familia.
REPUDIAMOS ENÉRGICAMENTE LA EXPULSIÓN ILEGAL DE ALISTE VEGA!!
Para contactarnos: CADeP se reúne todos los martes a las 20 horas en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Corrientes 1785 2º “C.
Compartir esta nota en Facebook
24 Jul 2010 Notas semanales
Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología
Para incorporar a su mail de la lista de difusión, o comunicarse con el Grupo, enviar mail a grupogestion1@yahoo.com.ar.
Gacetillas anteriores ver en: www.grupogestionpoliticas.blogspot.com.
Introducción
Meses atrás la Presidenta de la Nación tomó decisiones concretas acerca de la Producción Pública de Medicamentos (PPM), puntualmente en el Instituto Biológico de La Plata.
Recientemente, y en línea con esa decisión, hizo manifestaciones públicas muy claras sobre el mismo tema. Veamos.
Cristina Fernández de Kirchner
El martes 6 de julio de 2010, durante la cena de camaradería de las FFAA, la Presidenta de la Nación dijo:
“Creo que debemos darnos, junto con el ministerio de Salud, una política dentro de nuestro país que también con planificación podamos nuevamente interactuar entre la sociedad y nuestras Fuerzas Armadas, no solamente en cuestiones que tengan que ver con emergencias, sino también como una parte de la planificación sanitaria que pueda alcanzar a todo los rincones del país y poder ayudar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Ello sin perjuicio de lo que estuve charlando ayer con el ministro de Salud, la ministra de Defensa y el ministro de Ciencia y Tecnología; en los próximos planes que Ciencia y Tecnología debe desarrollar en materia de elaboración de medicamentos y también en la necesidad de ocupar nuestras Fuerzas Armadas, espacios físicos concretos en todo lo que desarrolle Ciencia y Tecnología como un brazo muy importante de este sector, que se vincula también, obviamente, a cuestiones de defensa, como las que ya se está llevando adelante en el sector de Planificación Federal, en el INVAP, en CONAE, en fin”.
“Y quiero volver a reconstruir eso que alguna vez fuimos. Cuando alguien decía el otro día que fuimos uno de los primeros cinco países en el mundo en construir un avión a reacción y luego hoy tenemos que comprar aviones afuera y por allí a países que ni siquiera tenían este tipo de emprendimientos cuando nosotros estábamos haciendo esta cosas en la República Argentina, me lleva a pensar, pero fundamentalmente más que a pensar a decidir, que tenemos que encarar precisamente en este Bicentenario una nueva planificación, un nuevo desarrollo estratégico conjunto en el cual nuestras Fuerzas Armadas estén, reitero, incorporadas en estas áreas estratégicas”.
Discurso completo en: http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7381
Esto se vio reflejado en algunos medios:
“Detrás de un estrado y antes de habilitar el brindis, la Presidenta destacó que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está trabajando junto con el laboratorio de las Fuerzas Armadas para fabricar medicamentos. El abastecimiento de las necesidades de cada fuerza es la prioridad fijada antes de ampliar la oferta al resto de los hospitales públicos”.
Nota completa en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-149022-2010-07-07.html
Antecedentes cercanos
Cristina Fernández de Kirchner ya había dado señales claras sobre la PPM cuando -el 27/04/10- visitó el Instituto Biológico de La Plata para reinaugurar la planta de PPM, que había sido desmantelada.
En esa ocasión, la Presidenta entregó un subsidio por 3.300.000 pesos para la creación de una planta productora de sueros terapéuticos y para el acondicionamiento de la nueva planta de medicamentos según la normativa establecida por la ANMAT. Además, manifestó que las obras estarán concluidas a principio de 2011.
Esa planta permitirá producir 120 millones de comprimidos anuales, de 23 especialidades medicinales diferentes, que serán destinadas a Hospitales Públicos, Centros de Atención Primaria de la Salud y otros programas, según destacó el ministro de Salud de la Provincia, Dr Alejandro Collia.
Un estudio del Instituto Biológico y la Dirección de Patologías Prevalentes del Ministerio de Salud provincial sobre medicamentos contra la hipertensión arterial para diabéticos sin cobertura social, demostró que si el Estado compra esos medicamentos en el mercado requiere una erogación de 6 millones de pesos. Sin embargo, si la producción se hiciera en el Instituto Biológico requiere sólo de 1 millón de pesos. Es sólo un ejemplo, pero vale recordarlo.
Ver en: http://blog1.ms.gba.gov.ar/prensa/?p=2144.
Nilda Garré
La Presidenta de la Nación también destacó la participación de la ministra de Defensa Nilda Garré en ese proyecto para producir medicamentos, junto a los Ministros de Salud y de CyT. Aunque reconforta no nos sorprende, porque la Dra Garré siempre fue coherente entre lo que dijo y lo que hace.
Así, recordamos que el 05/11/09 recibimos un informe del Ministerio de Defensa en donde se definía la posición de la Ministra sobre la PPM. Los aspectos más relevantes de ese informe fueron los siguientes:
1.- Elaboraron un Proyecto de Ley para la creación de una Sociedad de Estado entre los Ministerios de Defensa y de Salud para la PPM.
2.- El 27/05/09 se firmó un acuerdo con el Ministerio de Salud en presencia y en el despacho de la Presidenta de la Nación, para crear un Laboratorio de PPM sobre la base del Laboratorio de Sanidad Conjunta del Ministerio de Defensa, que consta de dos plantas: CASEROS y PALOMAR, ambas habilitadas por la ANMAT para producir una serie de medicamentos.
3.- Un informe técnico del Ministerio de Defensa consideró factible el proyecto que podría abastecer tanto a la Sanidad Militar como a los programas que demanda el Ministerio de Salud.
4.- El Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa envió el Proyecto a la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación y luego al Ministerio de Salud. Desde el 13/08/09 el proyecto se encuentra en el Ministerio de Salud para su consideración.
5.- El informe también recordaba que por Resolución Nº 138 del 2008 del Ministerio de Defensa, el Laboratorio de Sanidad Conjunta se integró a la “Red Nacional de Laboratorios Públicos” (RELAP).
6.- También menciona que tiene el firme deseo que este proyecto se materialice, ya que significaría un profundo avance en la PPM con el consiguiente ahorro y beneficio para un significativo segmento de la población.
7.- Además, desde el Ministerio de Defensa nos enviaron una copia del Acuerdo Específico entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud sobre la creación de la planta de PPM.
Lino Barañao
Según lo manifestado por la Presidenta de la Nación en esa cena de camaradería de las FFAA, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr Lino Barañao, ahora será un actor con una participación activa en el proyecto de PPM. Eso se desprende de lo que dijo: “estuve charlando ayer con el ministro de Salud, la ministra de Defensa y el ministro de Ciencia y Tecnología; en los próximos planes que Ciencia y Tecnología debe desarrollar en materia de elaboración de medicamentos”.
La señal de la Presidenta es contundente. Veremos cómo se desarrolla.
Juan Manzur
Como expresamos en otras gacetillas, no sabemos por qué el ministro de Salud Juan Manzur no continuó con el proyecto de PPM iniciado por la ex ministra Graciela Ocaña. Recordemos que en el marco de la Resol. 286/2008, en pocos meses y a través de un convenio con los laboratorios públicos de Santa Fe (LIF), San Luis (Laboratorios Puntanos), Rosario (LEM) y Formosa (LAFORMED), se produjeron 40 millones de comprimidos (antibióticos, hipoglucemiantes, analgésicos) para el Plan Remediar. Esto fue discontinuado en la gestión del Dr Manzur.
Ahora, luego de las directivas precisas de la Presidenta de a Nación, sería muy importante que el ministro Manzur reconsidere o revea su decisión inicial y, en conjunto con la ministra Garré y el ministro Barañao, pueda liderar ese proyecto estratégico.
Para ello, sería conveniente que los tres Ministros se pongan en contacto con la Red Nacional de Laboratorios de PPM (RELAP), como una forma de integrar esfuerzos en función de un objetivo común.
Recordamos que la RELAP está constituida por alrededor de 25 laboratorios de PPM con la propuesta de producir y hacer I+D a través de convenios con universidades y organismos de CyT en un proyecto que, como sabemos, cuenta con el soporte tecnológico del INTI.
Reflexiones
Luego de los importantes anuncios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en la medida de nuestras posibilidades, seguiremos la evolución de los acontecimientos.
Porque, de llevarse a cabo ese proyecto, sería un salto cualitativo en cuanto a la utilización social del conocimiento, un aspecto fundamental no suficientemente valorado y que podría ser el principio para empezar a resolver necesidades sociales impostergables en el área de Salud.
Además, el desarrollo de ese proyecto sería una manera de generar vinculación entre distintos ámbitos de CyT sobre bases genuinas y sustentables. Con el valor agregado de que actuando sobre nuestras propias necesidades se podría recomponer la fragmentación institucional existente, un problema estructural que impide encarar emprendimientos interdisciplinarios.
Finalmente, esto permitiría revalorizar al sector CyT por su contribución a la solución de problemáticas sociales.
Cordialmente: Grupo de Gestión (www.saic.org.ar , difusión, política científica, propuesta de políticas en CyT) Alonso-Romanowski S – Cid JA – Cravero C – De Filippo J – De Sousa Frade S – Estébanez ME – Fiamberti H – Fossati CA – Franchi AM – Furnari JC – García AP – Ghilarducci A – Giordano M – Gubertini MT – Hermida EB – Herrera M – Ielpi L – Iriondo M – Isturiz MA – Jasnis MA – Lamberti Y – Landoni MF- Lemos DR – Manghi M – Massarini A – Milana JP – Nonzioli AC – Otero AM – Palermo M – Pérez O – Poderti A – Ravelo A – Rearte B – Recavarren MI – Rietti S – Rivero S – Rofman A – Sabbatini ME – Sasiain MC – Schattner M – Yantorno O.
Este texto se difunde a: Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete, Ministerios de Educación, Salud, Defensa, Cancillería, Ciencia y Tecnología, Ministerios de Salud Provinciales, ANMAT, Diputados y Senadores Nacionales, Legisladores y Funcionarios Provinciales y C.A.B.A., Academias Nacionales, Instituciones del Sector CyT (INTA, INTI, CNEA, CONICET, SEGEMAR, CONAE, CITEFA, INIDEP, SENASA, INA, ANLIS-Malbrán, UTN), Facultades de Universidades Nacionales, ONG, Laboratorios de PPM, etc).
Compartir esta nota en Facebook
24 Jul 2010 Notas semanales
“Nada grande se puede hacer con la tristeza. Desde la ciencia al deporte, desde la creación de la riqueza a la moral patriótica, el tono está dado por el optimismo o por el pesimismo. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en las disputas económicas… Por eso, venimos a combatir alegremente. Seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores, a corto o a largo plazo”.
Arturo Jauretche
Por Norberto Galasso
Raúl Scalabrini Ortiz afirmaba, en uno de sus ensayos, que las ideas son como los microbios porque se van metiendo en el organismo sin ser advertidos y un día resulta que el ser humano percibe de improviso los cambios que se han producido en su organismo. Algo semejante ocurre en la historia de los pueblos que a veces se lo ha simbolizado como el agua que se va infiltrando por los rincones más recónditos hasta que llega la inundación. Si queremos adornar esto con el fragmento de un poema proveniente de Europa -para que no se nos siga llamando “barbarie”- podríamos recordar: “El agua va cayendo gota a gota / y la espléndida flor marchita veis/ aunque nadie lo sabe ni lo nota/ roto el búcaro está: no lo toquéis”. Subrepticiamente, sin que nadie lo advierta, la historia empieza a tomar una dirección distinta y un día, las ilusiones del sistema dependiente y oligárquico -en este caso, el florero exquisito al que alude el poema- aparece roto: la rajadura se ha ampliado, el agua se ha escurrido y la flor de la ilusión restauradora comienza a marchitarse.
Durante largos meses, los intelectuales consagrados, los medios de comunicación monopolizados, los dirigentes políticos de vieja data a quienes se supondría cierta experiencia y agudeza, lanzaron los peores diagnósticos sobre las posibilidades de nuestro pueblo: todo estaba crispado, la inseguridad predominaba aquí y allá, ya no se podía vivir, el tejido social estaba roto en mil pedazos, la inflación, desbordada, la tristeza, cundía en todos los ámbitos. Respecto a los gobernantes sólo se los quería echar o aún más, matar como sostuvo la pitonisa de la Coalición Cívica.
Durante meses, amplios sectores populares escucharon esta letanía fúnebre, esta perorata derrotista, la autodenigración llevada a límites extremos: “si fuéramos un país en serio”, “estamos en manos de un banda”, “todos hacen caja para los Kirchner”, “los argentinos no tenemos remedio”. Parecía inclusive que en amplios sectores sociales había aquiescencia a semejante discurso aunque se sabía que alguna gente hacía zapping para no ver más ciertos programas televisivos y que otros, más audaces, después de décadas de rutina periodística, habían dejado de comprar el diario tradicional. Pero, por otro lado, decían los agoreros, que después de las últimas elecciones, un ciclo quedaba atrás, que era preciso hablar de poskirchnerismo, que el agotamiento era total, que volverían muy pronto los “hombres sabios y honestos” esos que si bien alguna vez ametrallaron al pueblo o entregaron el país, ahora debían resurgir como solución frente a la degradación de los gobiernos pingüinos.
Pero de repente, por esa cuestión que los filósofos llaman acumulación de cantidad que se convierte en salto de calidad -en el viejo lenguaje del tango, “el chamuyo” se convierte en el primer beso- las mayorías populares se echan a andar ¿en cientos?, ¿en miles?, no, en millones. Y ganan las calles y se quedan varios días, alegres, cantando, vivando a la Patria, contentos de leer una frase de José Martí, otra de Manuel Ugarte y otra de José de San Martín, entusiasmados con el recorrido de una historia tan plagada de sacrificios y luchas, con mucho luto a veces pero también con mucho júbilo otras tantas.
Nadie lo había previsto, ni los más furiosos opositores, ni siquiera el oficialismo, pero el cúmulo de experiencias, especialmente las producidas en los últimos meses -desde el fútbol para todos, en adelante- estalló en las calles, no con mera espectación o presencia pasiva, sino con vocación de protagonismo, como aquel subsuelo de la patria, del que también hablaba Scalabrini, que es ignorado por las minorías pero que está ahí, siempre, preparado para aparecer y dar el presente cuando hace falta.
Ello ha ocurrido en nuestro país en los festejos del Bicentenario. Una multitud ganó las calles céntricas, por sí sola, sin choripanes, ni colectivos alquilados, sin rencores y sin injurias, sin ningún incidente. Y los representantes de los pueblos hermanos en la Patria Grande, caminaron junto a nuestra presidenta, en medio del público, sin la más mínima molestia, en plenitud democrática, festejando el cumpleaños de la Argentina y también de la Patria Grande hacia la cual caminamos indefectiblemente.
Este suceso llegó fuerte a los corazones y es preciso comentarlo desde el afecto y la alegría, aunque, como aconsejan los revolucionarios, a la calidez del corazón hay que agregar la frialdad del Pensamiento.
No eran todos kirchneristas por supuesto, los que estaban allí, pero también es cierto que no habrían concurrido a este acto enorme y jubiloso bajo los gobiernos que sufrimos en las últimas tres décadas. Intuitivamente, era el reconocimiento de que el UNSAUR continuaba la política de San Martín, Simón Bolívar, José Gervasio Artigas y Mariano Moreno, que la vieja historia se nos venía encima y recomenzábamos la revolución inconclusa. Del mismo modo que los juicios a los represores actualizaban la destrucción de los instrumentos de tortura sancionada por la Asamblea del año XIII.
Promisoria perspectiva la nuestra, pletórica de abrazos y risas, de utopías renovadas. Pero, si quedara alguna duda del momento histórico que viven nuestros pueblos, bastaría con analizar lo que piensa el enemigo: “Los kirchneristas radicalizan su gobierno”, titula Eduardo van der Koy, en Clarín (20de junio de 2010), “La situación se vuelve inquietante”, sostiene, a su vez, Jorge Fernández Díaz (La Nación, 29/5/2010) y el teórico máximo de la derecha -Mariano Grondona- en sus dos últimos programas ha reiterado: “Me estoy poniendo nervioso, muy nervioso”.
Sigamos adelante y celebremos la clarividencia de estos representantes de la reacción.
Compartir esta nota en Facebook
